Por:  Víctor Hugo Arteaga

Vaya momento el que vive el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, a quien distintos grupos del Congreso local comienzan a cuestionar por los bajos resultados en el combate a la delincuencia y en la procuración de justicia.

La justicia no puede ser un péndulo. Mucho menos cuando se trata de violencia de género.

En el Estado de México, algunos grupos de empresarios han comenzado a buscar asesoría jurídica de alto nivel debido a lo que consideran actuaciones irregulares de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

La figura de la fiscal se ha convertido en una de las más visibles —y también más debatidas— dentro del aparato de procuración de justicia que depende de Cervantes.

No es un cargo menor. El Estado de México arrastra, desde hace años, cifras alarmantes en feminicidios, desapariciones y violencia familiar.

En ese contexto, la fiscalía especializada nació como una respuesta institucional a una deuda histórica con las mujeres. Nadie puede minimizar esa necesidad.

Pero en la aplicación de la justicia, el riesgo no está solo en la omisión, sino también en el exceso.

En distintos colectivos de padres de familia, particularmente aquellos inmersos en litigios por custodia o convivencia, comienza a crecer una narrativa incómoda: la percepción de que existe una tendencia a criminalizar de manera automática a hombres denunciados en contextos familiares, incluso antes de que exista una investigación sólida o una resolución judicial firme.

La pregunta es obligada: ¿se trata de una política institucional o de casos aislados? ¿Es percepción o patrón? ¿Existen denuncias formales contra la fiscal o contra su actuación?

Hasta donde consta en la información pública disponible, no existen sentencias judiciales ni resoluciones firmes que acrediten responsabilidad penal o administrativa directa contra García Espinoza de los Monteros por un esquema sistemático de criminalización de padres de familia. Tampoco hay, hasta la fecha, una sanción emitida por órganos de control que la inhabilite o la responsabilice por violaciones graves al debido proceso.

Eso no significa que no existan inconformidades. Las voces comienzan a sumarse y a organizarse, y el tema podría llegar al escritorio de la gobernadora si se formalizan las quejas sobre presuntas prácticas irregulares dentro de esa fiscalía.

En redes sociales y foros de litigantes se documentan señalamientos sobre actuaciones que algunos consideran desproporcionadas en casos de denuncias por violencia familiar o abuso, donde los imputados sostienen que las medidas cautelares se dictan con criterios amplios y con escasa posibilidad inmediata de defensa. Sin embargo, una cosa es la crítica pública y otra muy distinta una denuncia formal con sustento jurídico que haya prosperado.

El debate es delicado.

Por un lado, el Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de proteger a mujeres y menores frente a la violencia. Las fiscalías especializadas surgieron precisamente porque durante décadas la justicia fue omisa, lenta o indiferente ante agresiones que terminaban en tragedias.

Por otro lado, el principio de presunción de inocencia no es negociable, ni siquiera en causas legítimas. La justicia con perspectiva de género no puede convertirse en justicia sin debido proceso.

Si hay casos de abuso en la aplicación de medidas, deben investigarse. Si existen denuncias formales contra la fiscal o su equipo, corresponde a los órganos internos de control y, en su caso, a las instancias judiciales revisarlas con transparencia.

En temas de familia, las emociones se desbordan y las narrativas se polarizan. Pero la política pública no puede construirse desde la anécdota ni desde el rumor.

Lo que sí parece evidente es que el cargo que ocupa García Espinoza de los Monteros exige un equilibrio quirúrgico: proteger sin prejuzgar, investigar sin criminalizar, acompañar sin sustituir al juez.

Porque cuando la justicia se inclina demasiado hacia un lado, pierde credibilidad. Y cuando pierde credibilidad, pierde su fuerza.

Y en el Estado de México, donde la violencia de género es una herida abierta, lo que menos se necesita es que la fiscalía especializada se convierta en otro frente de confrontación social.

La discusión no debe ser hombres contra mujeres. Debe ser justicia contra impunidad.

Y esa es una diferencia enorme.

Las voces críticas ya no son pocas. La pregunta para el fiscal general es si está plenamente enterado de los señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro de esa unidad y, en su caso, qué mecanismos de supervisión se están aplicando.

Diversos empresarios y sus equipos legales se preguntan por qué mantiene su respaldo a la fiscal en medio del desgaste público, y si se están revisando internamente los procedimientos cuestionados.

En las próximas semanas, este tema podría escalar si quienes se consideran afectados formalizan sus denuncias y presentan pruebas ante las instancias correspondientes para que, con base en derecho, se determine si existe o no un patrón de actuación indebida.