
México enfrenta una desalineación profunda en su sistema económico–institucional:
el Estado cobra con fuerza, la banca reporta utilidades históricas, y el Poder Judicial no logra ejecutar con eficacia.
Tres engranes que deberían impulsar crecimiento… hoy operan en sentidos distintos.
SAT: poder sin proporcionalidad
El Servicio de Administración Tributaria tiene una de las herramientas más potentes del sistema: el Procedimiento Administrativo de Ejecución.
Puede embargar, intervenir y rematar bienes sin necesidad de una sentencia judicial previa. Esto no es, en sí mismo, incorrecto. El Estado debe cobrar.
El problema es cómo ejecuta.
Hoy no existe una proporcionalidad operativa real. Se pueden embargar bienes cuyo valor excede ampliamente la deuda, sin un control efectivo previo que obligue a optar por la medida menos onerosa.
El caso de Mexicali lo exhibe con claridad:
una vivienda rematada por una deuda cercana a 30 mil pesos, adjudicada en apenas 75 mil.
No es un accidente. Es el sistema funcionando.
Y ese resultado se explica por tres factores estructurales:
Ignorancia del contribuyente
Defensa deficiente o inexistente
Asimetría total frente al SAT, que cuenta con toda la capacidad técnica, información y estructura operativa.
El contribuyente enfrenta un aparato organizado; el ciudadano, en muchos casos, enfrenta solo el procedimiento.
El resultado es un modelo donde:
el Estado puede cobrar… pero también destruir valor patrimonial en el proceso.
Y aquí la contradicción es evidente:
Un gobierno que se presenta como defensor del pueblo permite —y ejecuta— mecanismos que pueden afectar de forma desproporcionada a familias, pequeños contribuyentes y empresarios.
Más discurso que realidad.
Banca: rentabilidad sin profundidad productiva
En la Convención Bancaria 2026 se reiteró el objetivo de llevar el crédito al 45% del PIB.
Pero el problema no es cuánto se presta, sino a quién y con qué impacto.
Hoy la banca:
reporta utilidades récord
mantiene bajo riesgo
y presta principalmente donde ya hay certidumbre
Mientras tanto, las PYMES —el verdadero motor productivo— siguen enfrentando:
acceso limitado
tasas elevadas
evaluación conservadora.
Se habla de inclusión financiera, pero no se mide con claridad:
cuánto crédito llega al sector productivo
cuánto genera crecimiento real
Mucho volumen, poca profundidad.
El dato incómodo: los incobrables
En esa misma convención se anunció la ampliación de facilidades para la deducción de créditos incobrables.
En términos técnicos, esto busca aliviar a las instituciones financieras.
Pero en términos estructurales, el mensaje es otro:
el propio sistema reconoce que la recuperación de créditos vía judicial no está funcionando.
Si cobrar judicialmente fuera eficiente:
no se requerirían incentivos fiscales adicionales
no se ampliaría el tratamiento de incobrables
Esto no es un tema fiscal. Es un diagnóstico institucional.
Poder Judicial: formalismo sin ejecución
Aquí está el tercer eje del problema.
Mientras el SAT ejecuta con fuerza, en materia civil y mercantil ocurre lo contrario:
sentencias firmes que no se ejecutan
expedientes detenidos por formalismos
criterios inconsistentes.
Y una Suprema Corte que ha derivado en:
cargas ideológicas
simbolismos
bajo nivel de productividad
con protagonismos que muchas veces pesan más por desplantes que por calidad técnica.
El resultado es una asimetría crítica:
en fiscal se ejecuta sin proporcionalidad,
en civil y mercantil no se ejecuta con eficacia.
Ese desequilibrio rompe cualquier lógica económica.
Un sistema desalineado.
México no tiene un problema aislado. Tiene un problema de arquitectura:
un Estado que cobra con fuerza, pero sin equilibrio
una banca que gana, pero no detona crecimiento productivo
un Poder Judicial que existe, pero no ejecuta
Y así, el mensaje es contradictorio:
se exige cumplimiento,
pero no se garantiza justicia efectiva.
Un país no se desarrolla solo cobrando más.
Se desarrolla cuando:
cobra con proporcionalidad
financia con impacto
y ejecuta justicia real
Hoy México cobra como potencia,
pero crece por debajo de su capacidad.
Porque sin equilibrio institucional,
no hay confianza.
Y sin confianza, no hay crecimiento.
Por: Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
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