La gentrificación de una ciudad en la actualidad, según la urbanista Marie-Hélène Bacqué y el sociólogo Jean-Yves Authier, obedece a varias causas estructurales y concluyentes, pero las dos más importantes son: la especulación inmobiliaria y las políticas neoliberales en materia urbana.

En México, esta combinación perversa se agravó por la corrupción sistemática de los gobiernos neoliberales, que han convertido el desarrollo urbano en un negocio exclusivo para unos cuantos.

Así, miles de familias son expulsadas de sus colonias por el aumento desmedido de rentas, precios de vivienda y servicios.

Lo advirtió – a media semana- la presidenta Claudia Sheinbaum en “la mañanera del pueblo”: la gentrificación no es un fenómeno aislado, sino muchas veces impulsado por autoridades corruptas aliadas de grandes desarrolladores.

Puso como ejemplo el sexenio de Miguel Ángel Mancera, donde se autorizaban edificios de hasta 20 pisos en predios con uso de suelo para tres niveles. Comprar barato y construir en exceso se volvió la fórmula ideal para el lucro y la usura.

Ese patrón de ilegalidad, impunidad y avaricia es la base del llamado Cártel Inmobiliario, cuya cuna está en la alcaldía Benito Juárez.

Gobernada por el PAN durante más de dos décadas, esta demarcación es el epicentro de un esquema institucionalizado de corrupción urbana que ha devastado el tejido social.

Ahí, desde 2012, cuando Jorge Romero Herrera asumió como jefe delegacional —hoy dirigente nacional del PAN—, empresarios declararon haber pagado sobornos que iniciaban en los 200 mil pesos y escalaban según el tipo de trámite, el tamaño de la obra o la necesidad de violar el uso de suelo.

Durante las campañas, los desarrolladores también financiaban a los candidatos panistas a cambio de impunidad. En casos de grandes proyectos, los sobornos ascendían a millones de pesos por pisos adicionales, cambios ilegales de uso de suelo o invasiones de áreas públicas.

La Fiscalía capitalina ha documentado 260 inmuebles irregulares, y hay más de 20 exfuncionarios detenidos, incluyendo a un exalcalde en prisión.

El PAN convirtió la corrupción en norma: exigían a los constructores departamentos en los nuevos edificios, predios con plusvalía o eliminaban inspecciones a cambio de “favores”.

El daño no es solo ético o administrativo: es humano y urbano. En Benito Juárez, colonias como Portales, Narvarte, Del Valle, Acacias y Santa Cruz Atoyac han sido víctimas de una transformación que las encarece, homogeniza y expulsa a sus habitantes originales.

Este modelo depredador se ha replicado en alcaldías como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde las rentas se disparan, los servicios colapsan y los barrios tradicionales son invadidos por desarrollos, restaurantes, bares, cafés chic y tiendas de lujo que excluyen a las mayorías.

Y ahora, con Jorge Romero al frente del PAN nacional, este modus operandi se está exportando a otros estados y municipios gobernados por ese partido. Llevan consigo la misma fórmula del despojo inmobiliario.

El sismo de 2017 expuso la otra cara de esta red criminal: 18 de los 30 inmuebles colapsados en la ciudad estaban en Benito Juárez. La mayoría eran edificios nuevos o seminuevos. No se supervisaron, no se cumplieron normas. Se priorizó el negocio sobre la seguridad.

Frente a este desastre urbano y social, hay otra visión. Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, anunció desde su campaña un amplio programa de vivienda social cercana a los centros de trabajo, no a tres horas como con Fox y Calderón.

Esta acción inédita, cuenta con el respaldo de la presidenta Sheinbaum, para garantizar a las y los capitalinos el derecho a la ciudad.

Es hora de desmontar los privilegios, frenar la corrupción y reconstruir desde la justicia social. La ciudad debe ser hogar para todos, no un negocio para unos cuantos.

By: Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra