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Las irregularidades detectadas por la ASF al auditar la Cuenta Pública pueden derivar en casos penales, como ocurrió con los reclusorios durante la administración de Felipe Calderón o con la llamada Estafa Maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó probables anomalías por más de 65,169 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según informes presentados hace unos días. Sin embargo, esto no significa que dicha cantidad sea, en su totalidad, producto de hallazgos que impliquen necesariamente un daño económico definitivo a la hacienda pública.

La ASF distingue entre observaciones e irregularidades (frecuentemente denominadas presuntas irregularidades) con base en la gravedad, la intención y el impacto financiero del hallazgo. En términos generales, una observación es un señalamiento de ineficiencia o incumplimiento normativo, mientras que una irregularidad implica un presunto daño patrimonial al erario.

Las observaciones son situaciones deficientes, faltas administrativas o incumplimientos detectados durante la auditoría que no necesariamente implican desfalco, pero que deben ser corregidos.

Las presuntas irregularidades de la Cuenta Pública 2024 se concentran en el gasto federalizado (recursos transferidos a estados y municipios), principalmente en los rubros de salud, infraestructura social y educación. Muchas de ellas derivan de ineficiencias en los procesos o del incumplimiento de normas, lo que podría ubicarlas en el ámbito de las observaciones.

De la auditoría se desprende que el gasto federalizado concentra la mayor parte de las anomalías, con aproximadamente 59,345 millones de pesos pendientes de aclarar, lo que representa el 91% del total observado.

Entre los estados con mayores montos por aclarar se encuentran Estado de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Chiapas e Hidalgo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la entidad federal donde la ASF detectó el mayor monto observado, con 1,700 millones de pesos por aclarar.

Asimismo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) registró observaciones y presuntas irregularidades que superan los mil millones de pesos.

En otras dependencias también se documentaron montos pendientes de solventar, como en las secretarías de Salud, Marina, Educación y Medio Ambiente, así como en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

El Poder Judicial, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña, presentó observaciones y presuntas irregularidades por un monto de 284 millones de pesos.

Es importante subrayar que estos montos representan “probables daños al erario” y no necesariamente desvíos confirmados; las instituciones auditadas cuentan con un plazo legal para presentar pruebas y solventar las observaciones ante la ASF.

Irregularidades en el sexenio de Felipe Calderón

Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), la ASF documentó diversas irregularidades que derivaron en denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República). Al cierre del sexenio, se reportaron al menos 147 denuncias penales presentadas por la ASF relacionadas con el manejo de recursos federales.

Entre los casos más representativos destacan:

La Estela de Luz (“La Suavicrema”)
Considerado uno de los casos más mediáticos del sexenio, la ASF detectó que el costo de la obra se incrementó de 393 millones a más de 1,300 millones de pesos, además del uso de materiales distintos a los contratados y la triangulación de contratos a través de filiales de Pemex.

Contratos para reclusorios federales (CEFERESOS)
En 2010 se autorizaron contratos para la construcción y operación de ocho centros federales de readaptación social bajo un esquema de prestación de servicios a largo plazo. Las irregularidades incluyeron adjudicaciones directas a seis empresas privadas por un monto total de 300,000 millones de pesos a pagar en 22 años. La ASF y el actual gobierno identificaron sobrecostos estimados en 41,000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República mantiene investigaciones por posible daño al erario relacionadas con estos contratos, señalando responsabilidades de altos funcionarios del periodo.

En la Cuenta Pública 2007, primer año del gobierno de Calderón, la ASF reportó anomalías en el gasto gubernamental por 60,723 millones de pesos.

Irregularidades en el sexenio de Enrique Peña Nieto

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la ASF documentó diversas irregularidades que derivaron en denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República.

Entre los principales casos con implicaciones penales destacan:

La Estafa Maestra
Fue el caso más emblemático documentado por la ASF. Consistió en el desvío de miles de millones de pesos mediante un esquema de triangulación de recursos a través de universidades públicas y empresas fachada. Las auditorías revelaron que solo en Sedesol y Sedatu se triangularon más de 7,000 millones de pesos.

Denuncias adicionales en 2020
La ASF presentó 23 denuncias penales adicionales por desvíos detectados en cinco secretarías de Estado durante la gestión de Peña Nieto, que sumaron un presunto daño patrimonial superior a 2,000 millones de pesos.

Casos Agronitrogenados, Fertinal y Odebrecht
Auditorías detectaron actos de corrupción vinculados con la compra de plantas de fertilizantes (Agronitrogenados y Fertinal) y el caso Odebrecht, que derivaron en procesos penales contra altos exfuncionarios.

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)
Se detectaron posibles desfalcos por casi 9,000 millones de pesos en la construcción del aeropuerto en Texcoco, derivados de pagos indebidos por trabajos no entregados o mal ejecutados.

Irregularidades en 2018
En el último año del gobierno de Peña Nieto, la ASF observó presuntas irregularidades por más de 144,000 millones de pesos, una de las cifras más altas registradas.

Aunque la Fiscalía General de la República ha integrado carpetas por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales contra el expresidente, en reportes recientes se ha señalado que los esfuerzos se han concentrado principalmente en el caso Pegasus y no necesariamente en todas las denuncias previas de la ASF que no fueron ratificadas oportunamente.

Conclusión

En suma, cuando la ASF audita la Cuenta Pública distingue entre observaciones e irregularidades según la gravedad y la naturaleza del hallazgo. Las observaciones pueden ser solventadas; en cambio, cuando se emite un “Pliego de Observaciones”, existe una presunción de daño patrimonial.

Si las entidades no aclaran los montos o no reintegran los recursos, la ASF —como ocurrió en las administraciones de los expresidentes Calderón y Peña Nieto— puede iniciar procedimientos para fincar responsabilidades administrativas o presentar denuncias penales ante la fiscalía correspondiente.

Por; Eduardo Esquivel Ancona