El manejo de los recursos provenientes de las aduanas vuelve a estar bajo la lupa. Una pieza clave en la operación de los sistemas tecnológicos aduaneros es el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación (FACLA), del que dependen proyectos estratégicos de la SEDENA, SEMAR, SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Sin embargo, un antecedente reciente siembra dudas: en 2020, bajo el entonces extinto fideicomiso FIDEMICA, se transfirieron 650 millones de pesos al INFOTEC, centro de investigación coordinado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Dichos fondos, provenientes de aduanas, tenían como objetivo modernizar la infraestructura tecnológica en los puntos de control del comercio exterior.
El dinero que nunca regresó
El convenio establecía compromisos claros para INFOTEC: actualización de sistemas, soporte tecnológico y fortalecimiento digital de las aduanas. No obstante, ninguno de esos compromisos se cumplió.
De acuerdo con información de la ANAM, se solicitaron en varias ocasiones informes detallados con documentación de soporte, pero el organismo dirigido por Federico González White nunca entregó explicaciones sobre el destino de los 650 millones que le permitieron sobrevivir financieramente.
En otras palabras, el dinero se esfumó y los proyectos quedaron inconclusos.
La historia se repite con el FACLA
Lejos de corregir errores, el esquema parece repetirse. Ahora, mediante nuevos convenios, se están canalizando nuevamente recursos aduaneros del FACLA hacia INFOTEC, otra vez a través de la Agencia de Transformación Digital.
La experiencia pasada debería bastar como advertencia: no hubo transparencia, no hubo resultados y nadie rindió cuentas.
Un fideicomiso intocable
El problema se agrava porque el FACLA, al ser un fideicomiso con fondos de origen privado, no está sujeto a auditorías ordinarias. Esto abre la puerta a la discrecionalidad en el manejo de miles de millones de pesos, bajo el argumento de que no se trata de dinero público.
Frente a estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre cómo garantizar la rendición de cuentas. Su respuesta fue que se investigará el caso, aunque aseguró que “tiene información de que todo es transparente”.
Preguntas abiertas
El caso deja varias interrogantes:
¿Dónde están los 650 millones transferidos en 2020?
¿Por qué se insiste en repetir convenios con una institución que no cumplió compromisos previos?
¿Qué mecanismos de fiscalización se aplicarán al FACLA si se mantiene bajo la etiqueta de “fondos privados”?
Mientras tanto, aduanas sigue dependiendo de sistemas frágiles y costosos, y los recursos que deberían fortalecer la seguridad nacional y el comercio exterior terminan en un agujero negro financiero.
Domo de Cristal
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