Más de 130 trabajadores del IFT siguen sin indemnización
Más de 130 trabajadores del IFT continúan sin recibir su indemnización, pese a que cerca de 900 ya fueron liquidados.
Una interpretación restrictiva busca dejarlos fuera, aunque sus derechos son idénticos y existe el precedente del INAI, donde todo el personal fue indemnizado.
No piden privilegios, solo certeza jurídica y trato igualitario. La modernización no puede construirse sobre la precariedad laboral.
Aunque alrededor de 900 personas ya fueron indemnizadas por la inminente desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un grupo de 133 trabajadores de libre designación sigue sin recibir el pago que por ley les corresponde.
El decreto de extinción del IFT estableció que los derechos laborales serían respetados, y el propio Pleno del Instituto aprobó el Acuerdo P/IFT/050925/297, con el fin de garantizar el pago de indemnizaciones y finiquitos. Sin embargo, una interpretación restrictiva del artículo noveno transitorio de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha dejado en riesgo a este grupo, bajo el argumento de que solo quienes forman parte del sistema de servicio profesional cuentan con “estabilidad laboral”.
Los trabajadores consideran que esta interpretación es errónea y discriminatoria, pues sus nombramientos son definitivos, han cumplido con las mismas obligaciones y evaluaciones que el resto del personal, y además existe el precedente del INAI, donde todo el personal —incluido el de libre designación— fue indemnizado.
Los afectados insisten en que no buscan privilegios, sino certeza jurídica y trato igualitario. Su exigencia es clara: que, al concretarse la extinción del Instituto, se garantice el pago íntegro y sin dilaciones a las más de 130 personas afectadas y sus familias.
El monto requerido para indemnizar a los 133 trabajadores equivale a menos del 5% del fideicomiso del IFT, estimado en más de 1,700 millones de pesos. En contraste, prolongar la indefinición laboral e incluso contratar personal eventual genera costos mayores y una evidente injusticia social.
La justicia social no admite excepciones ni interpretaciones a conveniencia: si 900 trabajadores del IFT ya fueron indemnizados, dejar a 133 en el abandono constituye un acto de desigualdad y exclusión. No se trata de tecnicismos legales, sino de reconocer que detrás de cada plaza hay familias que dependen de ese ingreso.
La verdadera transformación digital y el fortalecimiento institucional solo serán posibles si se construyen sobre el respeto irrestricto a los derechos laborales; de lo contrario, se envía el mensaje de que la modernización se paga con precariedad.
Por: redacción
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