En el corto plazo, incrementos en los niveles de endeudamiento podrían ampliar las tasas de crecimiento económico. Sin embargo, si la deuda crece de forma insostenible, se registrarían efectos negativos en el crecimiento económico que podrían perdurar durante muchos años (Banco Interamericano de Desarrollo, BID).
En el Paquete Económico 2026 se reiteran los tres grandes ejes rectores de la política económica delineada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:
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Responsabilidad fiscal,
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Estabilidad macroeconómica, y
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Prosperidad compartida.
Estos tres ejes son indisolubles y actúan de manera concatenada para lograr una economía sustentable.
Pese a ello, se insiste en que la economía mexicana se está endeudando de manera catastrófica, lo que la llevaría al descarrilamiento. Si se analiza la deuda en términos absolutos, no cabe duda de que, en su connotación más amplia y conforme a lo presupuestado, alcanzará un saldo histórico sin precedente: 20.2 billones de pesos al cierre de 2026.
Frente a este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostiene que el nivel de deuda pública seguirá siendo sostenible en 2026, con base en tres indicadores clave:
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Un superávit primario de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), superior al 0.2% estimado para 2025.
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Un déficit fiscal de 4.1% del PIB, menor al 4.3% calculado para el presente ejercicio.
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Una deuda pública equivalente al 52.3% del PIB, la misma proporción observada en 2025.
Los altos montos de deuda pública son motivo de preocupación, sobre todo al considerar el costo financiero. Para 2026 se proyecta un costo de 1.6 billones de pesos, equivalente al 4.8% del PIB. Estos recursos, destinados al servicio de la deuda, podrían emplearse en ampliar el gasto social, mejorar los servicios básicos o impulsar la inversión pública. Es importante señalar que, en el costo del pago de la deuda, influyen tanto el saldo total como la tasa de interés, la cual se estima en 6% al cierre de 2026, es decir, 1.3 puntos porcentuales menos que la proyectada para diciembre de 2025. No obstante, el costo de la deuda se mantendrá en 1.6 billones de pesos, una cifra muy similar a la de 2025 (1.58 billones), a pesar del descenso previsto en la tasa de interés.
En los sistemas económicos es raro encontrar agentes que no tengan deudas; estas son necesarias para ampliar el consumo y la inversión. La lógica del endeudamiento radica en la capacidad de pago: se endeuda más quien tiene mayor margen de cobertura, ya sea por su nivel de ingresos o por las utilidades esperadas de una inversión. Por supuesto, se requieren garantías para ampliar la seguridad financiera. Estas garantías están asociadas a la riqueza o patrimonio acumulado a lo largo del tiempo, ya sea por personas físicas o morales. Conviene recordar que el negocio bancario no consiste en recuperar las garantías, sino en recuperar el capital prestado junto con los intereses, lo que genera utilidad financiera. En México, estas utilidades suelen ser extraordinarias, debido al diferencial entre las tasas activas y pasivas de interés.
A nivel macroeconómico, esta lógica también aplica: la capacidad de pago o endeudamiento de un país está determinada por el tamaño de su economía. Así, entre más grande sea la economía, mayor será su potencial de endeudamiento. El límite natural de endeudamiento estaría dado, teóricamente, por el PIB. Superar ese umbral implicaría, por un lado, elevar el costo financiero de la deuda de forma preocupante y, por otro, aumentar la probabilidad de impago, al reducirse progresivamente los ingresos disponibles para cubrir los compromisos financieros, lo cual derivaría en una creciente presión fiscal.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha recomendado para los países de la región mantener una deuda equivalente al 46%–55% del PIB. Actualmente, la tasa promedio regional es del 70%, lo que implica que los gobiernos deberían reducir la ratio en unos 15 puntos porcentuales. Además, el BID advierte que una relación deuda/PIB de 84% o más constituiría un lastre para el crecimiento económico, debido a la gran proporción del ingreso destinada a cubrir compromisos financieros. También aumentaría el riesgo de default o impago, complicando seriamente cualquier proceso de renegociación o reestructuración de la deuda, así como el acceso a nuevos préstamos.
México se encuentra dentro del rango admisible propuesto por el BID, y lo más importante es que se considera prudente mantener controlada la relación deuda/PIB. Esto implica que el endeudamiento debe mantenerse dentro del límite permisible del ingreso nacional previsto cada año. De no hacerlo, se comprometerían progresivamente las finanzas públicas, aun cuando se proyecte una reducción en la tasa de interés.
Siempre existirá la duda razonable sobre por qué otros países con economías similares a la mexicana, como España o Italia, presentan una relación deuda/PIB considerablemente más alta. ¿No estaremos exagerando? Es importante señalar que dichos países experimentaron un boom de endeudamiento en la década pasada, impulsado por las tasas de interés inusualmente bajas, que incluso llegaron a ser negativas de manera temporal. Si México hubiera seguido esa misma ruta, elevando su deuda al 100% del PIB, en el contexto actual de altas tasas de interés estaría destinando hasta 10 puntos del PIB solo al pago de intereses. Esto habría limitado aún más el presupuesto para servicios básicos e inversión, y muy probablemente habría impuesto un régimen de austeridad insostenible.
Hay quienes piensan que endeudarse no estaría del todo mal si estos recursos se utilizaran para ampliar nuestra infraestructura o nuestra plataforma productiva. Legalmente, en el caso de la deuda externa, todo empréstito debe destinarse a la inversión productiva, procurando en la mayoría de los casos su retorno. Se plantea la posibilidad de crear un fondo especial para la inversión, incrementando en 10 puntos la razón deuda/PIB, lo que significaría obtener recursos por 3.3 billones de pesos y ubicar nuestra tasa de endeudamiento en 63 % del PIB.
En los años ochenta del siglo pasado, cuando dicha razón rebasó los límites razonables, se registraron, coincidentemente, profundas crisis económicas que pusieron en riesgo nuestra soberanía. Se suscribieron compromisos económicos y financieros —particularmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI)— que resultaron gravosos para la sociedad. Los enormes ajustes fiscales condujeron a una astringencia económica prolongada, empobreciendo a la población y limitando las capacidades del Estado, lo que generó una sensación de peligro para nuestra continuidad histórica. La prudencia en el manejo de la deuda, en consecuencia, sigue siendo lo más recomendable.
Se podría decir que no todas las crisis económicas del país están asociadas a deudas excesivas, sin embargo, debe señalarse que existe una causal asociada a ese problema, el poco o inexistente blindaje financiero. Este blindaje es esencial, su utilidad radica en que permite preservar la estabilidad macroeconómica, así como mitigar los efectos nocivos eventuales de choques externos o de shocks de confianza que aceleran la fuga de capitales, incidiendo en incrementos significativos en el tipo de cambio, lo que a su vez amplía el nivel de la deuda en moneda extranjera.
El corolario es que la deuda contraída, sobre todo, en moneda extranjera, con un pobre blindaje financiero, no sólo no sirve para ampliar los niveles de inversión, sino que se esfuma a otros países cuando se presenta una vorágine especulativa. Ese fenómeno se presentó en México en 1994 y 1995 y sigue siendo palpable en otros países del mundo: Argentina decreció 0.1% en el segundo trimestre del año y la fuga de capitales en un mes y medio ya absorbió 44% del primer desembolso del FMI por 12 mil millones de dólares.
Cerremos la columna con la siguiente conclusión: no existe una manejo imprudente en las finanzas públicas, ni en nuestra política de deuda; por el contrario existe una ratio deuda a PIB razonable y con un extraordinario blindaje financiero; lo que nos permitirá contar con capacidad de contención ante cualquier choque externo, más si se considera el nuevo y arbitrario orden internacional impuesto por Trump. Queda, sí, la necesidad de ampliar significativamente nuestra tasa de crecimiento económico y ahí creo que la revisión de los supuestos es necesaria a manera de hacer crecer la inversión pública y privada, hasta una meta conjunta que supere el 27% del PIB, esto sin movernos fuera de los límites permisibles de deuda.
Acotemos, por ejemplo, el proceso de sustitución de importaciones hacia cierto tipo de productos finales, pero no extendamos indiscriminadamente los aranceles hacia productos con alto valor tecnológico. Siempre será preferible mejorar la ratio deuda a PIB con mayores tasas de crecimiento, que imponer cargas impositivas que terminan absorbiendo los consumidores y que inhiben a la competencia como un factor que resulta imprescindible para emprender nuevos proyectos de inversión, particularmente, en las industrias líderes.
Por: Gildardo Cilia López
