La justicia que nunca se cumple
En México, la justicia suele ganarse en el papel, pero perderse en la realidad. No es raro escuchar de litigios civiles o mercantiles que, incluso con sentencia favorable, permanecen atorados por años —a veces más de una década— en la etapa de ejecución.
El ciudadano que obtuvo razón legal debe enfrentar una segunda batalla: convencer al mismo juez que dictó la sentencia de que la haga cumplir. Y en lugar de actuar de oficio, los tribunales trasladan la carga al actor: nuevas promociones, verificaciones, gastos adicionales. La justicia se convierte en un bucle interminable, donde los jueces parecen más interesados en conservar los expedientes que en cerrarlos con eficacia.
Uno de los ejemplos más claros de este formalismo absurdo son los edictos. La ley ordena publicarlos cuando no se encuentra al demandado, como si fueran la mejor manera de “dar aviso”. Pero en el ámbito federal, solo se reconocen las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico local. El costo nunca baja de los 15 mil pesos por día y fácilmente supera los 20 mil pesos.
El efecto es brutal: quien no tiene recursos para pagar pierde su derecho, pues la demanda se desestima. Así, el acceso a la justicia no depende de la razón legal, sino de la capacidad económica para costear un anuncio que casi nadie lee.
En materia mercantil, los juicios ejecutivos deberían ser rápidos y efectivos. Son los preferidos de bancos y financieras para cobrar pagarés, cheques o contratos vencidos. En la práctica, se alargan por años debido a incidentes, apelaciones y un formalismo excesivo que sofoca su propósito.
Los juicios hipotecarios, diseñados para recuperar créditos garantizados con vivienda, enfrentan la misma parálisis. Procesos que deberían resolverse en meses pueden tardar entre 3 y 7 años, mientras acreedor y deudor viven en incertidumbre.
El mayor problema es que los jueces no enfrentan consecuencias por estos retrasos. No existen métricas de gestión ni de desempeño que midan cuántas sentencias cumplen, cuánto tardan en ejecutar o qué costos trasladan a los ciudadanos. Cuando un tribunal superior revoca sus decisiones, los jueces siguen en sus cargos sin más observación que un expediente interno.
Este modelo no solo desgasta a quienes litigan: también encarece el crédito y frena la inversión. Si recuperar un pagaré o una hipoteca lleva años y altos costos, las instituciones financieras elevan tasas, endurecen requisitos y restringen financiamiento. La ineficiencia judicial se traduce directamente en un freno al desarrollo económico.
La discusión pública se centra en elegir jueces por voto popular o afinidad política. Pero la verdadera reforma pendiente está en lo técnico: reducir costos onerosos como los edictos, imponer métricas y sanciones por retrasos en la ejecución, simplificar los procesos mercantiles e hipotecarios y hacer que la justicia sea predecible, asequible y eficiente.
Mientras esos temas sigan fuera de la agenda, la justicia seguirá siendo una promesa incumplida: un derecho ganado en tribunales pero perdido en los hechos.
Por: Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y legal.
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