Justicia en Campaña: Entre la Promesa y la Realidad
La segunda semana de agosto nos encuentra a escasos días del arranque de la llamada nueva estructura judicial. El regreso de miles de ciudadanos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, después de más de 40 días de inactividad, confirma que no hay magia capaz de borrar el rezago acumulado: montañas de expedientes, audiencias pendientes y trámites atrapados en un engranaje que sigue operando con lógica del siglo pasado.
En la narrativa oficialista, el panorama es muy distinto. La elección popular de jueces y magistrados se presenta como un avance democrático sin precedentes, una supuesta cura para los males históricos de la justicia mexicana. Sin embargo, en la práctica, el sistema se politiza aún más: las designaciones responden a afinidades y popularidad, no a trayectoria ni a capacidad técnica. El riesgo es evidente: jueces improvisados que dependen de “acordeones” para dictar resoluciones en materias que no dominan.
A ello se suma la fragilidad del derecho de propiedad: despojos tolerados, procesos lentos y onerosos, y un sistema de exhortos judiciales que aún se tramita como hace décadas: en papel, con traslados físicos y sin digitalización real. Este retraso no solo encarece el acceso a la justicia, también alimenta la corrupción: filtraciones de información y manipulación de expedientes quedan impunes, mientras las víctimas ven cómo se desvanecen sus derechos.
El nuevo Tribunal de Disciplina tampoco inspira confianza. Sus integrantes, en su mayoría cercanos al poder, parecen más orientados a blindar intereses que a garantizar imparcialidad. Las quejas contra jueces se estrellan contra una judicatura que, en vez de corregir abusos, los dilata o archiva, alimentando así la percepción de impunidad.
El problema no es exclusivo de la capital. Aunque más de la mitad de los casos judiciales del país se concentran en la CDMX, estados como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Chihuahua arrastran rezagos similares. Sus edificios judiciales pueden aparentar modernidad, pero en su interior los procesos se mueven a cámara lenta. En el fuero común —donde inicia la mayoría de los conflictos—, la brecha entre estados con recursos y aquellos con sistemas rezagados es alarmante.
Este escenario mina la confianza de ciudadanos y empresas. En el sector financiero, se traduce en cautela: un crédito hipotecario o empresarial puede tardar más de cinco años en recuperarse, y la compraventa de derechos litigiosos enfrenta barreras regulatorias y riesgos de reserva. El resultado es un Estado de Derecho debilitado que desalienta la inversión y premia la especulación por encima del trabajo productivo.
No se trata de negar que había jueces y magistrados que abusaban de su posición. El problema es que la solución adoptada privilegia el impacto político sobre las medidas técnicas: métricas de desempeño, control de tiempos procesales, reducción de costos y modernización tecnológica. En lugar de jueces garantistas y competentes, seguimos teniendo jueces formalistas, más preocupados por la forma que por el fondo.
La justicia no se transforma con urnas ni discursos, sino con resultados medibles y confiables. Hoy, lo que tenemos es un modelo en campaña permanente: mucho anuncio, poca ejecución y una creciente distancia entre la promesa y la realidad.
Por Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y legal.
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