Iberdrola: se va del país por impedimentos para hacer negocios al margen de la ley
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El corporativo español Iberdrola se retira de México no por falta de certeza jurídica, como argumentan algunos analistas, sino porque ya no cuenta con el respaldo del gobierno federal ni del Poder Judicial para realizar negocios altamente lucrativos al margen de la ley.
Recientemente trascendió que Iberdrola contrató al banco Barclays para llevar a cabo la venta de 15 plantas que aún mantiene en el país, por un monto aproximado de 4,000 millones de euros, lo que marcaría el fin de su presencia en territorio mexicano. Esta noticia ha generado especulaciones entre críticos de la Cuarta Transformación, quienes sostienen que los inversionistas extranjeros ya no encuentran seguridad jurídica para operar en México.
Sin embargo, el comportamiento del corporativo español durante décadas distó de ajustarse a la legalidad mexicana. Con el apoyo de gobiernos neoliberales y la protección de instancias judiciales, Iberdrola logró operar con beneficios extraordinarios, muchas veces fuera del marco legal.
Desde el sexenio de Vicente Fox, cuando Felipe Calderón era secretario de Energía, Iberdrola comenzó a recibir contratos y privilegios. En esa época, Calderón colocó en puestos clave a personas de su confianza, como César Nava Vázquez (director jurídico), Juan Camilo Mouriño (subsecretario) y Dionisio Pérez Jácome (titular de la Comisión Reguladora de Energía, CRE). Este grupo otorgó a Iberdrola permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, actividades que, conforme al artículo 27 constitucional en ese momento, eran exclusivas del Estado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que los permisos otorgados por la Secretaría de Energía eran ilegales. Aun así, se siguieron firmando contratos similares, con mayores beneficios para la empresa.
En 2003, Pérez Jácome permitió —de forma ilegal, según la ASF— que Iberdrola suministrara electricidad en una cantidad que duplicaba lo permitido, bajo el supuesto de autoconsumo para su socio Nylon de México. Esto motivó la solicitud de una investigación contra funcionarios de la CRE y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La participación del sector privado en la industria eléctrica no es nueva. Desde 1995, se implementó el esquema de Construir – Arrendar – Transferir (CAT), que luego evolucionó a Productores Independientes de Energía (PIE). Bajo este modelo, la CFE podía adquirir energía a privados, aunque mantenía la exclusividad en transmisión y distribución.
Para el año 2014, antes de la Reforma Energética, el 48% de la electricidad consumida en el país ya era generada por PIEs. Iberdrola se convirtió en un actor clave, con la exsecretaria de Energía Georgina Kessel (durante el gobierno de Calderón) como miembro de su consejo.
Aunque la ley permitía maquilar energía para la CFE, los permisos otorgados por la CRE durante la gestión de Pérez Jácome excedían los límites legales. La ASF determinó que muchos de estos permisos eran ilegales, y que Iberdrola fue la principal beneficiada. En ese momento, la CRE había autorizado 17 permisos de producción independiente, equivalentes al 19% de la capacidad de generación de la CFE.
La electricidad producida por Iberdrola provenía principalmente de plantas termoeléctricas de ciclo combinado que utilizaban gas natural. La ASF reportó en 2011 que, aunque la CFE solo utilizaba el 69% de su capacidad hidroeléctrica, dependía en un 80% de la electricidad generada por privados.
En 2006, Iberdrola recibió autorización para vender energía a 194 corporativos, entre ellos Bimbo, Barcel, BAT México, Cemex, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Soriana y Maseca. Esto se hizo mediante una modificación al permiso de autoabastecimiento de Iberdrola Energía de Monterrey.
Las ventajas obtenidas por Iberdrola se reflejaron en sus estados financieros. En 2007, su filial en México reportó ganancias netas de 54.7 millones de euros, un incremento del 64.3% respecto al año anterior. Solo en 2007, ya durante el gobierno de Calderón, se le adjudicaron contratos por 2,669 millones de euros.
En mayo de 2022, la CRE impuso una multa de 9,145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey (IEM) por comercializar ilegalmente electricidad bajo el esquema de autoabastecimiento. Se determinó que la empresa vendió energía a socios no contemplados en el permiso original.
Sin embargo, en octubre de 2023, un tribunal federal suspendió definitivamente el cobro de la multa. El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica ratificó la suspensión otorgada por el juez Ramón Lozano Bernal. No fue la única resolución favorable para Iberdrola: el juez Juan Pablo Gómez Fierro también le concedió varios amparos, lo que generó sospechas sobre posibles actos de corrupción.
En enero de 2023, se anunció que Iberdrola vendería 8,534 megavatios (MW) de capacidad instalada a Mexico Infrastructure Partners (MIP), por cerca de 6,000 millones de dólares. El entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó que la compra se realizaría con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y que los activos pasarían a ser parte de la CFE.
Entre los activos vendidos se encuentran los ciclos combinados de Monterrey I, II, III y IV; Altamira III, IV y V; Escobedo; La Laguna; Tamazunchale I y II; Topolobampo II y III; Enertek y el parque eólico La Venta III. Estas plantas operaban bajo el régimen de Productores Independientes de Energía y sociedades de autoabastecimiento.
La venta fue interpretada como una señal de que Iberdrola ya no estaba cómoda en México, tras la eliminación de privilegios que había disfrutado en gobiernos anteriores y con la Reforma Energética del actual gobierno.
La presidenta de México declaró que Iberdrola no tiene motivos legales para abandonar el país. “Las sociedades de autoabasto son ilegales. ¿Qué pasó con Iberdrola? Una gran parte de su generación estaba en esas sociedades, que no están permitidas por la ley”, afirmó.
También recordó que esta figura legal nació en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que permitieron la participación privada.
En resumen, Iberdrola no abandona México por inseguridad jurídica, sino porque ya no goza de los privilegios legales y extralegales que le permitieron hacer negocios fuera del marco legal con el respaldo del gobierno y el Poder Judicial durante décadas.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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