Por: Eduardo Esquivel Ancona
La presidenta descarta acuerdos con Maru Campos por el caso del exfiscal César Jáuregui y subraya que la investigación debe sustentarse en pruebas. La actuación de agentes estadounidenses en Chihuahua coloca en el centro del debate la legalidad de la cooperación bilateral y los límites de la intervención extranjera.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una posición contundente frente al caso que involucra al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, al rechazar cualquier posibilidad de un acuerdo político con la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván para influir en las investigaciones. Su mensaje coloca la legalidad, la autonomía de las instituciones y la soberanía nacional por encima de los intereses partidistas.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria sostuvo que la justicia no puede convertirse en moneda de cambio entre gobiernos ni utilizarse para proteger a funcionarios. La investigación, afirmó, debe avanzar conforme a las pruebas disponibles y a las reglas del sistema penal mexicano.
“Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, puntualizó.
La declaración adquiere relevancia en un caso que rebasa las diferencias entre Morena y el PAN, pues involucra la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en territorio mexicano sin la autorización correspondiente. El asunto abre interrogantes sobre quién permitió su intervención, bajo qué condiciones ingresaron al país y qué atribuciones tenían las autoridades estatales para participar en esas acciones.
La soberanía no admite excepciones
Sheinbaum explicó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se originó después de que dos agentes del Gobierno de Estados Unidos murieran en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara, tras participar en una operación relacionada con un presunto laboratorio de drogas, junto con autoridades de Chihuahua.
La presidenta sostuvo que los agentes extranjeros no contaban con autorización para intervenir en ese tipo de acciones y cuestionó las facultades de la fiscalía estatal para encabezar un operativo de esa naturaleza.
“Solamente la Fiscalía General de la República tiene esas atribuciones”, señaló al referirse a las acciones de desmantelamiento de laboratorios de drogas.
Además, indicó que la investigación federal detectó que los agentes estadounidenses habrían ingresado a México bajo una condición distinta de la que les permitiría participar en un operativo de esas características.
El punto central, por tanto, no es únicamente la posible responsabilidad individual de los funcionarios involucrados. También está en juego el cumplimiento de las normas mexicanas por parte de las autoridades nacionales y de cualquier agente extranjero que participe en actividades de seguridad dentro del país.
Desde esa perspectiva, la postura presidencial refuerza un principio fundamental de la política exterior mexicana: la cooperación internacional es necesaria para combatir delitos transnacionales, pero debe desarrollarse dentro del marco legal y con pleno respeto a la soberanía de México.
Una investigación sustentada en pruebas, no en intereses políticos
La mandataria también fue cuidadosa al delimitar las responsabilidades del Ejecutivo federal. Explicó que corresponde a la FGR integrar la investigación y determinar si existen elementos suficientes para solicitar las medidas judiciales que procedan.
En el sistema penal acusatorio, recordó, las actuaciones deben sustentarse en pruebas y someterse al control de las autoridades judiciales competentes.
Esta precisión resulta relevante porque evita que un caso de alto impacto político se convierta en un juicio anticipado desde la Presidencia. La responsabilidad de investigar y, en su caso, ejercer acción penal corresponde a las instituciones facultadas para ello, mientras que la determinación de culpabilidad compete a los tribunales.
Sheinbaum insistió en que no está en sus manos exonerar o responsabilizar a César Jáuregui ni decidir el alcance de las indagatorias sobre otros funcionarios de Chihuahua.
La posición presidencial busca establecer una diferencia entre la conducción política del país y las atribuciones legales de la Fiscalía, sin anticipar el resultado de un procedimiento que debe resolverse conforme a derecho.
Maru Campos, bajo el escrutinio institucional
Al ser cuestionada sobre la eventual responsabilidad de la gobernadora Maru Campos, como superior jerárquica de funcionarios involucrados, Sheinbaum evitó adelantar conclusiones y dejó el asunto en manos de la FGR.
Esa cautela no elimina las preguntas políticas sobre la cadena de mando ni sobre las decisiones que permitieron la participación de agentes extranjeros. Por el contrario, coloca la atención en la necesidad de esclarecer quién autorizó el operativo, qué conocimiento tenían las autoridades estatales y si se respetaron los protocolos aplicables.
La investigación deberá determinar, con base en evidencias, si existieron responsabilidades individuales y hasta dónde alcanzan. Cualquier conclusión anticipada podría debilitar el debido proceso y convertir un asunto institucional en una disputa partidista.
El mensaje de Sheinbaum: ni impunidad ni subordinación
El caso representa una prueba para las instituciones mexicanas en un terreno especialmente sensible: la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad.
La posición de Sheinbaum combina dos principios que su gobierno ha colocado en el centro de su discurso: el combate a la impunidad y la defensa de la soberanía nacional. Ningún funcionario debe quedar al margen de la ley por su cargo o filiación política, pero tampoco puede normalizarse que agentes extranjeros participen en operativos en México al margen de las autorizaciones y los procedimientos establecidos.
El desafío consiste en que la investigación llegue hasta donde lo permitan las pruebas, sin protección política ni persecuciones anticipadas. La fortaleza del Estado mexicano no se demuestra mediante declaraciones de culpabilidad, sino con instituciones capaces de investigar, acreditar responsabilidades y garantizar que la ley se aplique sin privilegios.
Con su rechazo a cualquier pacto político, Sheinbaum busca dejar claro que la relación entre el Gobierno federal y una administración estatal de oposición no está por encima de la legalidad. En un asunto que involucra a funcionarios mexicanos y agentes estadounidenses, la prioridad debe ser esclarecer los hechos y garantizar que la cooperación internacional nunca sustituya la autoridad de las instituciones nacionales.
