La Secretaría de Economía reducirá de 18 meses a 90 días el plazo para verificar las obligaciones de contenido nacional en hidrocarburos. La nueva metodología busca fortalecer a los proveedores mexicanos, retener una mayor proporción de la inversión en el país y ampliar los beneficios económicos regionales.
La política industrial del sector energético mexicano busca dar un nuevo paso con la simplificación de los procedimientos para certificar el contenido nacional. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó una metodología que permitirá reducir de 18 meses a 90 días naturales el tiempo requerido para verificar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes en materia de hidrocarburos, además de establecer criterios específicos para las industrias eléctrica y de biocombustibles.
El cambio apunta a resolver uno de los obstáculos que enfrentan las empresas nacionales para integrarse a las grandes inversiones energéticas: los procedimientos administrativos prolongados y la necesidad de acreditar el origen de los bienes y servicios que suministran.
Durante la presentación y firma del documento para su envío al Diario Oficial de la Federación (DOF), Ebrard sostuvo que el propósito es facilitar la certificación y estimular la contratación de proveedores mexicanos, de manera que una mayor proporción de los recursos destinados a proyectos energéticos se traduzca en producción, empleos y actividad económica dentro del territorio nacional.
La apuesta tiene implicaciones que van más allá de la simplificación burocrática. En un sector que demanda equipos especializados, tecnología, infraestructura y servicios de alto valor agregado, incrementar la participación de empresas mexicanas puede contribuir a fortalecer las cadenas productivas y reducir la dependencia de suministros extranjeros, siempre que exista capacidad nacional para competir en precio, calidad y oportunidad de entrega.
Contenido nacional: de la certificación a la política industrial
La Secretaría de Economía plantea que, mediante un sistema de 320 certificaciones, el contenido nacional podría aumentar de 35% a 40%. Ebrard también refirió un monto cercano a 60 mil millones de dólares asociado al contenido nacional durante el periodo mencionado en su exposición.
La metodología permitirá identificar con mayor rapidez y transparencia cuánto compran y contratan los inversionistas a empresas mexicanas en los sectores de hidrocarburos, electricidad y biocombustibles.
“El primer impacto es el tiempo, de 18 meses a 90 días naturales pasan los procedimientos para certificar el contenido nacional”, explicó el secretario.
La reducción de los plazos puede generar beneficios económicos concretos: disminuir costos administrativos, mejorar la certidumbre para las empresas y facilitar que los proveedores nacionales acrediten su participación en los proyectos. También puede ayudar a que las inversiones tengan una mayor conexión con la planta productiva del país.
Sin embargo, el aumento del contenido nacional no dependerá exclusivamente de acelerar los trámites. Para alcanzar la meta de 40% será necesario que las empresas mexicanas cuenten con financiamiento, certificaciones técnicas, personal especializado, capacidad de producción y condiciones para competir con proveedores internacionales.
El desafío consiste en convertir la simplificación regulatoria en una herramienta efectiva de desarrollo industrial, sin elevar artificialmente los costos de los proyectos ni comprometer su eficiencia.
Proveedores mexicanos y desarrollo regional
Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético de la Secretaría de Economía, explicó que el nuevo mecanismo busca ampliar las oportunidades para las empresas, los trabajadores y las comunidades donde se desarrollan los proyectos energéticos.
Las metodologías estarán diferenciadas por sector y su implementación se vincula con las leyes energéticas publicadas el 18 de marzo de 2025.
Uno de los elementos centrales es reconocer no solamente la adquisición de productos fabricados en México, sino también las aportaciones económicas y sociales que las inversiones generan en las regiones.
Esta perspectiva puede favorecer la incorporación de pequeñas y medianas empresas a las cadenas de suministro, siempre que existan mecanismos para facilitarles el acceso a contratos, financiamiento y asistencia técnica. Para las economías locales, una mayor participación de proveedores puede significar ingresos adicionales, creación de empleos y oportunidades para desarrollar capacidades productivas que permanezcan después de la conclusión de una obra.
El impacto, no obstante, dependerá de que las oportunidades de contratación se distribuyan efectivamente entre las empresas nacionales y no se concentren únicamente en los grandes consorcios con mayor capacidad financiera y tecnológica.
Empleo, capacitación y transferencia tecnológica
La nueva metodología amplía los criterios de evaluación del contenido nacional. Además de los bienes y servicios de origen mexicano, se tomarán en cuenta la contratación de trabajadores nacionales, la capacitación especializada, las inversiones en infraestructura local y regional y la transferencia de tecnología.
También incorpora consideraciones relacionadas con la justicia energética, la protección ambiental y la inclusión de grupos vulnerables, junto con incentivos vinculados con la igualdad de género y la contratación de jóvenes.
Desde una perspectiva económica, estos componentes buscan que el beneficio de las inversiones no se limite al volumen de compras nacionales, sino que contribuya a desarrollar capital humano, elevar la productividad y fortalecer las capacidades tecnológicas del país.
La capacitación y la transferencia de conocimiento pueden ser particularmente relevantes para que los proveedores mexicanos avancen hacia actividades de mayor valor agregado y reduzcan su dependencia de componentes, servicios técnicos y soluciones importadas.
No obstante, para evaluar los resultados será importante distinguir entre el cumplimiento formal de los criterios y los beneficios efectivamente generados, mediante indicadores verificables de empleo, salarios, capacitación, inversión regional y participación de empresas nacionales.
Digitalización para reducir costos y dar certidumbre
La Secretaría de Economía prevé digitalizar trámites y armonizar procedimientos con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias tanto para empresas mexicanas como extranjeras.
La medida puede contribuir a reducir tiempos de gestión, evitar duplicidades y hacer más predecible la certificación. Para los inversionistas, la certeza regulatoria representa un elemento relevante al planear proyectos de largo plazo; para los proveedores nacionales, disponer de reglas claras puede facilitar su incorporación a las cadenas de suministro.
El reto será asegurar que la digitalización se traduzca en procedimientos accesibles, criterios homogéneos y evaluaciones transparentes, con capacidad institucional suficiente para atender las solicitudes dentro de los nuevos plazos.
El reto: que la inversión energética genere más valor en México
La nueva metodología coloca el contenido nacional en el centro de una estrategia que busca vincular las inversiones energéticas con el desarrollo de la industria mexicana.
Reducir de 18 meses a 90 días el plazo de certificación representa un avance administrativo relevante. La posibilidad de elevar el contenido nacional de 35% a 40%, por su parte, plantea una oportunidad para ampliar el mercado de los proveedores mexicanos y fortalecer las cadenas productivas vinculadas con la energía.
Pero el éxito de la iniciativa deberá medirse por sus resultados económicos: cuántas empresas nacionales consiguen nuevos contratos, cuánto empleo especializado se genera, qué inversiones permanecen en las regiones y en qué medida aumenta la capacidad tecnológica de la industria mexicana.
La meta no es únicamente comprar más productos nacionales, sino conseguir que una mayor proporción del gasto energético impulse la producción, el conocimiento y el empleo en México. Esa será la diferencia entre una simplificación administrativa y una política industrial capaz de generar valor agregado y competitividad de largo plazo.
