Así lo dice La Mont
Gobierno de facto: El motín registrado en octubre de 2026 en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, expone la profunda crisis de gobernabilidad que enfrenta el sistema penitenciario mexicano y evidencia la consolidación de prácticas de autogobierno en el interior de las cárceles. El enfrentamiento armado, que dejó un saldo de diez personas fallecidas y 16 heridas, no puede considerarse un hecho aislado, sino una manifestación de la pérdida de control institucional frente a los grupos del crimen organizado que operan desde los centros de reclusión.
Durante la reyerta quedó en evidencia que las facciones criminales mantienen acceso a armas dentro de los módulos y capacidad para ejercer la violencia, mientras el personal de custodia se ve rebasado por los acontecimientos. Los posteriores operativos sorpresa de las autoridades también revelaron la persistencia de actividades ilícitas al interior del penal, con el decomiso de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y módems para conectarse a internet.
Estos hallazgos ponen sobre la mesa una contradicción estructural: las prisiones, concebidas como espacios para el cumplimiento de las sentencias y la reinserción social, pueden convertirse en centros de operación criminal cuando las autoridades pierden el control de sus instalaciones. En esas condiciones, determinados grupos de internos imponen reglas, administran actividades ilícitas y preservan estructuras delictivas con capacidad para mantener vínculos con el exterior.
SOS: La crisis de gobernabilidad penitenciaria está estrechamente relacionada con el hacinamiento, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, la corrupción y la debilidad de los programas de reinserción social. Durante 2025, la población penitenciaria de México superó los 260 mil internos en los ámbitos federal y estatal, una presión que agrava las deficiencias operativas y dificulta la vigilancia efectiva de los centros de reclusión.
A este escenario se suma el elevado número de personas en prisión preventiva sin sentencia firme. La permanencia prolongada de quienes todavía enfrentan un proceso judicial, aunada a la sobrepoblación en determinados establecimientos, incrementa la presión sobre la infraestructura carcelaria y limita la capacidad institucional para garantizar condiciones dignas de internamiento.
En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, ha documentado deficiencias en el sistema penitenciario mediante sus Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y ha emitido recomendaciones a las autoridades responsables. Entre los problemas señalados en las evaluaciones penitenciarias figuran las carencias de personal de seguridad y custodia, las condiciones materiales inadecuadas y las prácticas de autogobierno o cogobierno en diversos centros.
La dimensión del problema no se limita a la seguridad. El hacinamiento y la falta de programas suficientes de trabajo, educación y capacitación obstaculizan la reinserción social y pueden propiciar entornos de violencia, maltrato y vulneración de derechos humanos. Cuando las autoridades no garantizan la protección de las personas privadas de la libertad, los grupos con mayor capacidad de intimidación encuentran condiciones para imponer su dominio.
En esos espacios, la extorsión entre internos y las amenazas contra sus familiares pueden convertirse en mecanismos de control y lucro. Las cuotas ilegales, la intimidación y otras prácticas delictivas prosperan cuando las estructuras de seguridad son insuficientes o existe complicidad de algunos servidores públicos. El autogobierno, por tanto, no solo representa una falla de vigilancia: constituye un desafío directo a la autoridad del Estado y a la obligación gubernamental de proteger la integridad de las personas bajo su custodia.
Las deficiencias penitenciarias deben examinarse de manera diferenciada, pues las condiciones de seguridad, infraestructura y operación varían entre los centros del país. Las cárceles de Sinaloa, Guerrero y el Estado de México forman parte de un panorama nacional en el que las autoridades enfrentan retos persistentes para contener la violencia, impedir el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las redes criminales que buscan conservar su influencia dentro de los penales.
En el ámbito federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social es una de las instancias responsables de la administración penitenciaria, la seguridad y las políticas de reinserción en los centros bajo su competencia. Su titular, Jacobo Olaf Rodríguez García, enfrenta el desafío de fortalecer los mecanismos de supervisión, combatir la corrupción, mejorar las condiciones de internamiento y recuperar la autoridad institucional en los establecimientos federales. La administración de los centros estatales, por su parte, corresponde a las autoridades de cada entidad.
El reto exige más que operativos extraordinarios después de un motín. Se necesitan controles permanentes, investigaciones sobre el ingreso y la posesión de armas, depuración de posibles redes de corrupción, personal suficiente y capacitado, así como programas efectivos de reinserción. Sin estas medidas, las intervenciones de emergencia corren el riesgo de contener temporalmente la violencia sin modificar las condiciones que permiten su reproducción.
A manera de precisión: El nombre El Castillo no identifica a una persona, a un líder criminal ni a un funcionario público. Se refiere al Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa. La distinción es importante para evitar confusiones al abordar los hechos y sus implicaciones para la seguridad penitenciaria.
La pregunta de fondo permanece: ¿quién ejerce realmente la autoridad dentro de las prisiones mexicanas? Cuando los grupos criminales imponen reglas, controlan actividades ilícitas y someten a otros internos, el problema trasciende los muros de una cárcel. Se trata de una crisis institucional que compromete la seguridad pública, los derechos humanos y la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.
