Así lo dice La Mont
Asignatura: Desde la designación de Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en agosto de 2025, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia modificó de manera significativa su forma de operar, alejándose de los perfiles de sus dos antecesores inmediatos.
Durante el sexenio anterior, entre 2018 y 2024, Santiago Nieto construyó una UIF altamente mediática, caracterizada por el congelamiento masivo de cuentas y el anuncio público de investigaciones en curso, prácticas que en algunos casos alertaron a los objetivos de las pesquisas o derivaron en reveses judiciales por cuestionamientos relacionados con el debido proceso.
Posteriormente, Pablo Gómez imprimió a la institución un sello marcadamente político e ideológico, al concentrar parte de sus esfuerzos en documentar presuntos actos de corrupción vinculados con expresidentes y figuras de la oposición, aunque con resultados limitados en materia de judicialización efectiva.
En contraste, Reyes Colmenares, abogado con amplia experiencia en inteligencia institucional y prevención dentro del sistema penitenciario de la capital y en el ámbito federal, instrumentó un enfoque más silencioso y táctico. Su declaración de que la UIF “no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia” se tradujo en un repliegue mediático, con una dependencia que busca operar como un engranaje técnico de la Secretaría de Hacienda y como un brazo analítico vinculado a la estrategia de seguridad.
El énfasis está puesto en la solidez procesal de los expedientes antes que en su impacto inmediato en la opinión pública.
Formas: Las primeras acciones bajo el mando de Reyes Colmenares reflejan este cambio de paradigma hacia la persecución de redes criminales complejas y la modernización administrativa, en lugar de privilegiar acciones contra adversarios políticos.
Un ejemplo reciente es la publicación, en septiembre de 2026, de nuevos formatos oficiales para el reporte de operaciones vulnerables, con los que se busca cerrar brechas normativas que podrían facilitar el flujo de capitales ilícitos en sectores no financieros.
El verdadero golpe de timón se encuentra, sin embargo, en la reestructuración de la cooperación interinstitucional. Mientras en el pasado la UIF actuaba en ocasiones de manera aislada y llegó a mantener diferencias con la Fiscalía General de la República (FGR), la actual estrategia busca que los bloqueos de cuentas cuenten con mayor respaldo jurídico y, cuando corresponda, con solicitudes formales de autoridades internacionales o investigaciones ministeriales debidamente sustentadas.
El objetivo es reducir la llamada “cascada de amparos” que históricamente ha permitido a presuntos delincuentes recuperar recursos mediante impugnaciones sustentadas en deficiencias técnicas o procesales.
Además, los objetivos prioritarios se han desplazado hacia la desarticulación de las estructuras financieras del crimen organizado, los esquemas de empresas factureras utilizadas para defraudar al fisco y las redes vinculadas con operaciones ilícitas en el sistema aduanero.
Con ello, la inteligencia financiera busca orientarse a la identificación y neutralización de las capacidades económicas y logísticas de las organizaciones criminales.
Nueva ruta: Este viraje metodológico resulta fundamental para responder a la interrogante de si el gobierno de Claudia Sheinbaum y la UIF podrán cumplir con los indicadores establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental encargado de establecer estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como de evaluar el desempeño de los países en esta materia.
Históricamente, México ha mostrado avances importantes en materia de cumplimiento técnico y en la construcción de un marco jurídico acorde con los estándares internacionales. Sin embargo, uno de los principales desafíos se encuentra en la efectividad: el número de sentencias condenatorias por lavado de dinero y la recuperación de activos ilícitos continúan siendo variables centrales para medir los resultados reales del sistema.
Por ello, la actual gestión no solo deberá demostrar que genera reportes de inteligencia financiera, sino que estos se traducen en investigaciones, aseguramientos, decomisos y procesos judiciales sólidos que permitan desarticular las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
El cumplimiento de los estándares del GAFI también exigirá avanzar en materias como la identificación del beneficiario final de las empresas y el fortalecimiento de la supervisión de actividades vulnerables, entre ellas determinadas operaciones inmobiliarias, la compraventa de vehículos de lujo y el comercio de joyas y metales preciosos.
La viabilidad de esta nueva ruta dependerá, en buena medida, de que la coordinación entre la UIF de Reyes Colmenares, las autoridades supervisoras, las instituciones de seguridad y el Ministerio Público consiga transformar la inteligencia financiera en investigaciones y resoluciones judiciales sólidas.
Ahí estará la verdadera prueba ante los evaluadores internacionales: no solo generar inteligencia, sino demostrar que esa inteligencia permite seguir el dinero, golpear las estructuras financieras del crimen y recuperar los recursos de procedencia ilícita.
Por: Federico Lamont
