Así lo dice La Mont
Es EPN
La reciente reaparición pública del expresidente Enrique Peña Nieto ocurrió a finales de agosto de 2026, en la exclusiva localidad de Portofino, Italia. Durante este evento, correspondiente a la boda del cantante israelí Omer Adam, el exmandatario fue captado en video usando un kipá y conviviendo con Avishai Neriah, empresario vinculado a la comercialización del software Pegasus.
En este contexto, es importante precisar la histórica adquisición y el despliegue del sistema Pegasus para intervenir comunicaciones de rivales políticos, activistas y periodistas, acciones documentadas durante el mandato de Peña Nieto (2012-2018), y no durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aunque las repercusiones y revelaciones del caso trascendieron a la actual administración.
La presencia del expresidente en este evento social de alto perfil, compartiendo espacio de manera amistosa con personas relacionadas con la comercialización de esta tecnología, reavivó el debate sobre las relaciones de poder y los posibles vínculos de complicidad construidos desde las instituciones del Estado.
Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, volvieron a colocar en el centro de la discusión pública el caso Pegasus y la interrogante sobre el destino de quienes estuvieron vinculados con una de las redes de espionaje más controvertidas de la historia reciente de México.
Su espionaje
El sistema Pegasus fue adquirido durante la administración de Peña Nieto y utilizado para intervenir dispositivos móviles de personas consideradas objetivos de interés para distintas instituciones gubernamentales. Investigaciones periodísticas y de organizaciones civiles documentaron casos de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y figuras políticas cuyos teléfonos fueron presuntamente intervenidos mediante este software.
La tecnología permite acceder de manera remota a dispositivos móviles y obtener información de comunicaciones, archivos y otros datos, dependiendo de la versión y las capacidades empleadas.
Empresas e intermediarios vinculados con la comercialización de Pegasus obtuvieron contratos millonarios de gobiernos mexicanos. La opacidad de algunas de estas operaciones alimentó durante años las denuncias sobre el uso discrecional de recursos públicos y la utilización de herramientas de espionaje con fines políticos.
A pesar del cambio de gobierno en 2018 y de las promesas de terminar con las prácticas de espionaje ilegal, diversas investigaciones posteriores documentaron que el uso de Pegasus no desapareció por completo. También existen señalamientos sobre su utilización durante la actual administración, particularmente en el ámbito de las instituciones de seguridad.
Esta continuidad ha alimentado diversas hipótesis políticas sobre la permanencia de estructuras de inteligencia, bases de datos y mecanismos de vigilancia que sobrevivieron al cambio de régimen.
Trascendió
Considerar que Pegasus constituye una garantía absoluta y literal de impunidad para Enrique Peña Nieto sería una afirmación que mezcla hechos documentados con una interpretación política que no ha sido acreditada judicialmente.
Sin embargo, en términos políticos, el acceso a grandes volúmenes de información sensible sobre aliados, adversarios, funcionarios y personajes relevantes puede convertirse en un mecanismo de presión y disuasión.
En la jerga de los aparatos de inteligencia, la posesión de información comprometedora puede funcionar como una especie de “póliza de seguro”, debido al riesgo que representa una eventual filtración de secretos de Estado, operaciones políticas o información privada.
Eso no significa que exista evidencia pública de un acuerdo de impunidad entre administraciones ni que el expresidente haya utilizado personalmente Pegasus como mecanismo de protección. Tal conclusión requeriría pruebas concretas.
La ausencia de acciones penales contra un exjefe de Estado puede explicarse por factores mucho más amplios: las dificultades estructurales de las instituciones de procuración de justicia, la complejidad de acreditar responsabilidades individuales, los costos políticos de procesar a un expresidente y los históricos equilibrios entre las élites políticas mexicanas.
En ese sentido, Pegasus difícilmente puede considerarse por sí solo un “escudo legal” para Peña Nieto. Lo que sí representa es una pieza dentro de una historia más amplia de espionaje, información sensible, relaciones de poder y secretos de Estado que continúa generando preguntas sobre quién vigiló a quién, quién tuvo acceso a la información y, sobre todo, por qué tantos casos relacionados con el espionaje gubernamental siguen sin llegar a consecuencias judiciales definitivas.
Por: Federico Lamont
