Tengo otros datos
Por: Eduardo Esquivel Ancona
Hablar de la deuda pública de México únicamente a partir de su monto absoluto puede conducir a conclusiones incompletas. El dato que llama la atención es el tamaño del pasivo; el verdadero desafío económico está en entender cómo se integra, cuánto cuesta financiarlo, quiénes son sus acreedores y, sobre todo, qué capacidad tiene el Estado para generar crecimiento e ingresos suficientes para sostenerlo.
Al cierre de julio de 2026, el endeudamiento público registró un nuevo máximo histórico y se ubicó alrededor de 19.22 billones de pesos, equivalente a aproximadamente 51.5% del PIB. El tamaño del saldo obliga a cambiar la pregunta: más que preguntarnos solamente cuánto debe México, resulta indispensable saber de dónde proviene esa deuda y hacia dónde están fluyendo los recursos obtenidos mediante financiamiento.
La deuda no es necesariamente un problema
En una economía moderna, recurrir al endeudamiento no implica por sí mismo una crisis financiera. Los gobiernos utilizan deuda para cubrir necesidades de financiamiento, suavizar ciclos económicos, construir infraestructura, refinanciar obligaciones y atender compromisos presupuestarios cuando los ingresos públicos no alcanzan.
El problema aparece cuando el endeudamiento crece de manera persistente más rápido que la capacidad de la economía para generar ingresos y riqueza.
Una deuda puede ser económicamente justificable si financia infraestructura, energía, transporte, agua, salud o proyectos capaces de elevar la productividad. En cambio, si el endeudamiento termina financiando de manera recurrente obligaciones que no generan activos ni mayores ingresos futuros, el margen de maniobra fiscal comienza a reducirse.
Por eso, el indicador relevante no es únicamente el saldo de la deuda, sino la relación entre deuda, crecimiento económico, ingresos públicos, tasas de interés y costo financiero.
El mercado que financia al Estado
El gobierno obtiene una parte importante de sus recursos mediante el mercado de deuda. En términos sencillos, coloca instrumentos financieros que son adquiridos por inversionistas a cambio de recibir posteriormente el capital más los intereses correspondientes.
En México existen instrumentos como Cetes, Bonos M, Udibonos y Bondes, utilizados para obtener financiamiento en el mercado nacional. También existe deuda contratada en el exterior.
Esto significa que una parte importante de los recursos que utiliza el gobierno no proviene directamente de nuevos impuestos, sino de inversionistas que adquieren títulos gubernamentales.
Y aquí aparece un elemento fundamental: la deuda pública también es un activo financiero para quien la posee.
Bancos, fondos de inversión, aseguradoras, inversionistas institucionales, Afores y participantes extranjeros pueden mantener valores gubernamentales. Por ello, cuando aumenta el endeudamiento, también aumenta el volumen de obligaciones financieras que el Estado deberá atender en el futuro.
México debe principalmente en pesos
La estructura de la deuda mexicana ofrece una ventaja relevante: la mayor parte está denominada en moneda nacional.
La deuda interna neta del Gobierno Federal alcanzó 15 billones 231 mil 245.7 millones de pesos al cierre de julio de 2026, frente a los 14 billones 350 mil 268 millones registrados al cierre de 2025.
En el componente externo, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal se ubicó en torno a 159 mil 846.6 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 2.72 billones de pesos.
La composición es importante porque una deuda predominantemente interna reduce la exposición directa del gobierno a una depreciación abrupta del peso. Si el tipo de cambio aumenta, el valor en pesos de las obligaciones denominadas en dólares puede crecer; esa presión es mucho menor cuando la deuda está denominada en moneda nacional.
Pero tener deuda en pesos tampoco significa que sea gratuita.
El costo está en los intereses
El principal riesgo de una deuda interna elevada no necesariamente es una crisis cambiaria, sino el costo financiero.
Cuando las tasas de interés son altas, refinanciar los vencimientos o contratar nueva deuda resulta más caro. Y aunque el Banco de México reduzca las tasas, el beneficio no necesariamente se traslada de inmediato a todo el saldo de la deuda, porque existen instrumentos contratados a diferentes plazos y condiciones.
Esto genera una presión sobre el presupuesto: cada peso destinado al costo financiero es un peso que no puede utilizarse directamente para infraestructura, salud, educación, seguridad o inversión productiva.
Por ello, el debate fiscal no debería limitarse a cuánto crece la deuda, sino a cuánto cuesta mantenerla.
¿En qué se utiliza el endeudamiento?
Aquí se encuentra una de las preguntas más importantes.
Los recursos provenientes del financiamiento público se incorporan al esquema general de las finanzas gubernamentales y pueden estar vinculados con el déficit presupuestario, refinanciamiento y otros usos autorizados por el marco jurídico.
Entre sus principales destinos se encuentran:
- Financiamiento del déficit público, cuando los ingresos presupuestarios resultan inferiores al gasto.
- Refinanciamiento y manejo de pasivos, para cubrir vencimientos y mejorar las condiciones financieras.
- Inversión pública e infraestructura, particularmente cuando se trata de proyectos contemplados en el presupuesto.
- Programas y servicios públicos, dentro del conjunto del gasto gubernamental.
- Obligaciones financieras de empresas públicas, incluyendo el apoyo y manejo de pasivos de empresas estratégicas como Pemex.
Por ello, no resulta correcto asumir que cada peso obtenido mediante la emisión de un bono se deposita directamente en una obra determinada. El endeudamiento forma parte del mecanismo integral de financiamiento del presupuesto federal.
La Constitución establece límites
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución establece las facultades del Congreso en materia de deuda pública y señala que los empréstitos federales deben sujetarse a determinados fines. El texto constitucional contempla, además, operaciones de regulación monetaria, conversión, refinanciamiento o reestructura de deuda y situaciones de emergencia declarada.
Esto es importante porque una afirmación frecuente —que toda deuda pública mexicana necesariamente debe destinarse exclusivamente a infraestructura— resulta demasiado simplista.
La discusión jurídica y económica es más amplia: lo determinante es bajo qué modalidad se contrata el financiamiento, cuál es su destino, qué autorización recibió y cómo se integra al presupuesto y a las obligaciones financieras del Estado.
La deuda interna: fortaleza y advertencia
Que México tenga una elevada proporción de deuda interna representa una ventaja frente a economías excesivamente expuestas a deuda en moneda extranjera.
El gobierno recauda principalmente en pesos y, por tanto, puede atender gran parte de sus obligaciones en la misma moneda en la que obtiene sus ingresos.
Pero existe una contrapartida.
El gobierno compite por recursos financieros con empresas y hogares. Cuando las necesidades de financiamiento público son elevadas y las tasas permanecen altas, puede aumentar el costo del crédito para el sector privado.
En términos económicos, esto puede generar un efecto de desplazamiento: el Estado absorbe una mayor proporción del ahorro disponible y puede dejar menos espacio para financiar proyectos privados de inversión.
No significa que cada peso de deuda pública desplace automáticamente un peso de inversión privada, pero sí representa un riesgo cuando el financiamiento gubernamental se mantiene elevado durante largos periodos.
La verdadera pregunta: ¿la deuda genera crecimiento?
Aquí está el punto central.
México puede convivir con una deuda elevada si su economía crece, aumenta la recaudación, mantiene bajo control el costo financiero y utiliza el financiamiento para fortalecer su capacidad productiva.
Pero si la deuda aumenta mientras el crecimiento permanece débil, los ingresos fiscales avanzan lentamente y el costo financiero consume una proporción cada vez mayor del presupuesto, el problema cambia de dimensión.
La sostenibilidad fiscal depende, en buena medida, de que la economía crezca a un ritmo suficiente para que la relación deuda/PIB no se deteriore permanentemente.
Por eso, 51.5% del PIB no debe interpretarse automáticamente como una cifra de quiebra ni como una señal de tranquilidad absoluta. El porcentaje debe analizarse junto con el crecimiento, las tasas de interés, los ingresos públicos, el perfil de vencimientos, la composición monetaria de los pasivos y los activos financieros del sector público.
El punto ciego: qué se está comprando con la deuda
La pregunta económica más relevante para México no es solamente cuánto debe el gobierno.
Es qué está comprando con ese endeudamiento.
Si el financiamiento permite construir infraestructura que reduzca costos logísticos, ampliar la capacidad energética, mejorar el transporte, elevar la productividad, atraer inversión y generar mayores ingresos fiscales, la deuda puede convertirse en una palanca de crecimiento.
Si, por el contrario, una proporción creciente del financiamiento termina destinada a cubrir desequilibrios recurrentes sin aumentar la capacidad productiva de la economía, el país enfrenta una dinámica diferente: contratar nueva deuda para cubrir compromisos anteriores y pagar el costo financiero de los pasivos acumulados.
Ahí aparece el círculo que ningún gobierno quiere enfrentar.
¿De dónde viene y hacia dónde va?
La deuda mexicana viene, fundamentalmente, de una combinación de déficits presupuestarios acumulados, refinanciamiento de obligaciones, necesidades de financiamiento y decisiones de política fiscal.
Su destino se encuentra en el financiamiento integral de las necesidades del sector público.
Pero la respuesta económica de fondo todavía es otra:
¿El crecimiento futuro de México será suficiente para pagar el costo de la deuda sin sacrificar inversión pública, servicios y capacidad fiscal?
Esa es la variable que habrá que vigilar.
Porque el problema de la deuda no comienza cuando un país pide prestado.
Comienza cuando deja de tener suficiente crecimiento para pagar lo que pidió prestado.
Y ahí, más que el tamaño del número, importan la calidad del gasto, el rendimiento de la inversión pública y la capacidad del Estado para transformar deuda en crecimiento económico.
