Ciudad de México.— El gobierno de México recuperó 5 millones 805 mil 693 dólares vinculados con una red de corrupción atribuida al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a integrantes de la familia Weinberg, como resultado de un litigio civil iniciado en Estados Unidos.
La recuperación representa el primer resultado concreto de una estrategia para rastrear y recuperar recursos públicos presuntamente desviados mediante contratos irregulares y operaciones financieras diseñadas para ocultar el destino del dinero.
Durante la presentación del caso, Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, explicó que las investigaciones permitieron identificar movimientos financieros por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares, relacionados con sociedades y cuentas vinculadas con la estructura empresarial de García Luna.
De acuerdo con la información expuesta, entre 2008 y 2018 se habría construido un entramado para obtener recursos públicos mediante contratos celebrados con empresas privadas. Uno de los principales mecanismos involucró al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con operaciones por alrededor de 403 millones de dólares.
La investigación detectó presuntas irregularidades como servicios inexistentes o simulados, sobreprecios, empresas fachada y participación de servidores públicos, además de mecanismos financieros utilizados para dificultar el rastreo de los recursos.
Triangulación internacional
La UIF identificó movimientos de dinero entre distintas sociedades y cuentas mediante operaciones financieras vinculadas con Miami y Barbados. El seguimiento de estas transacciones permitió reconstruir parte de la ruta del dinero y sustentar tanto una denuncia penal en México como una demanda civil en Florida.
En este esquema, la familia Weinberg habría desempeñado un papel central a través de diversas compañías. Según la investigación presentada por las autoridades mexicanas, estas empresas obtuvieron 30 contratos presuntamente otorgados con sobreprecios, mientras los pagos se habrían disfrazado como operaciones comerciales legítimas.
El objetivo, explicó Reyes, era dar apariencia de legalidad a las transacciones, acreditar de manera artificial la prestación de servicios y facilitar la extracción de recursos públicos.
Como parte del proceso judicial en Estados Unidos, el 19 de mayo se emitió una sentencia condenatoria contra integrantes de la familia Weinberg involucrados en el esquema. Posteriormente, el 25 de agosto, México recibió los más de 5.8 millones de dólares provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades.
La UIF informó que continúa la identificación de otros bienes relacionados con la familia Weinberg, con la posibilidad de emprender nuevos procesos legales para recuperar activos que pudieran estar vinculados con recursos públicos mexicanos.
Recursos serán destinados a la Montaña de Guerrero
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el dinero recuperado tendrá un destino social específico: fortalecer la infraestructura de educación media superior en la Montaña de Guerrero.
La mandataria sostuvo que la recuperación de los recursos evidencia, a su juicio, una contradicción entre el discurso público de quienes defendieron a García Luna y las operaciones que posteriormente fueron detectadas alrededor de su estructura financiera.
Sheinbaum recordó que el exfuncionario se encuentra preso en Estados Unidos por sus vínculos con organizaciones criminales y señaló que, paralelamente, habría construido un esquema de negocios sustentado en contratos presuntamente fraudulentos, empresas fachada y sobreprecios.
La presidenta calificó el caso como una muestra de la “hipocresía” de quienes respaldaron al exsecretario durante la llamada guerra contra el narcotráfico.
Sin elementos contra Calderón
Cuestionada sobre si las investigaciones financieras relacionadas con García Luna han aportado elementos que involucren al expresidente Felipe Calderón o a alguno de sus familiares, Sheinbaum respondió que hasta el momento no existe evidencia que los vincule con este esquema.
El gobierno federal, mientras tanto, mantiene abierta la ruta jurídica para localizar más activos y recuperar recursos que considera pertenecientes al Estado mexicano.
