El partido guinda busca contener el costo político de la reincorporación del gobernador sinaloense y marca distancia de una decisión que considera estrictamente personal
La reincorporación de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa abrió un frente político para Morena. La dirigencia nacional del partido se apresuró a marcar distancia del mandatario estatal y dejó claro que su regreso al cargo no fue consultado ni informado previamente a la conducción nacional.
En un pronunciamiento breve, Morena sostuvo que la determinación fue exclusivamente personal y, en un mensaje particularmente enfático, afirmó: “esta dirigencia se deslinda de esta decisión”.
La precisión no es menor. Políticamente, el deslinde busca evitar que la reincorporación de Rocha Moya sea interpretada como una decisión avalada por la dirigencia partidista o por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en un contexto en el que permanecen abiertas investigaciones de autoridades mexicanas relacionadas con señalamientos formulados previamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Morena recordó que la separación temporal del gobernador ocurrió después de esas acusaciones y subrayó que la Fiscalía General de la República y otras autoridades mantienen investigaciones sobre el caso.
El partido aseguró que mantendrá una posición de respeto al Estado de derecho, al debido proceso y a las instituciones, además de comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reforzó posteriormente el mensaje a través de redes sociales y calificó la decisión de Rocha como “personal”, con lo que cerró cualquier espacio para interpretar que la dirigencia nacional hubiese participado en el regreso del gobernador.
Monreal pide dar marcha atrás
Desde la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila elevó el tono del llamado. El coordinador de Morena en San Lázaro reconoció que la reincorporación de Rocha generó polémica, especulaciones y distintas interpretaciones políticas.
Monreal sostuvo que la decisión no debe terminar afectando ni al gobierno federal ni a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió al gobernador sinaloense reconsiderar su regreso.
“Yo espero que el gobernador Rocha, a quien yo estimo, pueda reconsiderar su decisión y pueda solicitar licencia”, planteó.
El argumento del legislador fue fundamentalmente institucional: mientras las investigaciones continúen, dijo, la permanencia de Rocha en el cargo puede generar cuestionamientos sobre la autonomía e imparcialidad de las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.
Para Monreal, el problema dejó de ser exclusivamente sinaloense. La controversia tiene potencial para convertirse en un asunto de alcance nacional si sus efectos alcanzan la imagen del gobierno federal, la relación bilateral con Estados Unidos o el discurso de Morena respecto de la aplicación de la ley.
El legislador insistió en que la presidenta no puede ser asociada con una decisión que no autorizó ni conoció previamente. En su lectura, cualquier percepción de tolerancia o respaldo oficial podría ser utilizada por los adversarios políticos para cuestionar el compromiso del gobierno con el Estado de derecho.
La bancada guinda también se distancia
La postura de Monreal encontró respaldo en el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que pidió formalmente a Rocha Moya reconsiderar su reincorporación y solicitar nuevamente licencia.
Los diputados argumentaron que esta medida permitiría a la FGR y a las demás autoridades competentes continuar sus investigaciones con plena autonomía y sin elementos que pudieran poner en duda su imparcialidad.
El mensaje político de la bancada fue cuidadosamente construido: solicitar una licencia, aclararon, no significa prejuzgar ni asumir responsabilidad alguna. Se trataría, explicaron, de una decisión de carácter institucional encaminada a facilitar el esclarecimiento de los hechos.
La bancada también retomó una de las premisas centrales del discurso presidencial: nadie puede estar por encima de la ley ni quedar exento de la acción de la justicia.
En paralelo, advirtió que ningún interés personal debe comprometer los intereses nacionales ni generar consecuencias negativas para la relación de México con otros países.
Hernández confirma el deslinde
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se sumó al posicionamiento y confirmó que el regreso de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa fue una decisión estrictamente personal.
La dirigente reiteró que la determinación no fue consultada ni comunicada previamente a la dirigencia nacional y sostuvo que Morena respetará el debido proceso y las investigaciones de las autoridades mexicanas.
Un mensaje político con varias lecturas
La reacción coordinada de Morena revela que el problema central para el partido no es únicamente la reincorporación de Rocha Moya, sino el costo político que podría derivarse de ella.
El deslinde público de la dirigencia, el llamado de Monreal y la postura de la bancada en San Lázaro configuran una estrategia para separar tres planos: la decisión personal del gobernador, las investigaciones de las autoridades y la responsabilidad política de Morena y del gobierno federal.
La prioridad parece ser evitar que el caso se convierta en un nuevo punto de tensión entre México y Estados Unidos o, internamente, en un argumento para cuestionar la política de cero impunidad que ha reivindicado la administración de Claudia Sheinbaum.
También existe una segunda dimensión: Morena busca impedir que una decisión individual termine comprometiendo al movimiento en un momento en que la oposición puede utilizar el episodio para cuestionar su discurso sobre legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Por ello, el llamado a Rocha Moya para que vuelva a solicitar licencia adquiere un significado que rebasa la coyuntura de Sinaloa. El mensaje del partido es que, aun cuando el gobernador tenga atribuciones para decidir sobre su permanencia en el cargo, Morena no está dispuesto a asumir políticamente las consecuencias de una determinación que no pasó por sus órganos de conducción.
La crisis, así, deja a Rocha Moya frente a una disyuntiva política: sostener su reincorporación y enfrentar por cuenta propia el costo de la decisión, o atender el llamado de su partido y privilegiar la continuidad de las investigaciones sin que su permanencia en el cargo se convierta en un nuevo factor de presión para el gobierno federal.
