Así lo dice La Mont
Causa: El encarecimiento desmedido de los arrendamientos en la capital exige una intervención de la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que trascienda las recientes modificaciones al Código Civil y a la Ley de Vivienda, con el propósito de frenar alzas que amenazan con superar el 9.6 por ciento anual.
Una política pública efectiva debe enfocarse en diversificar la oferta y desincentivar activamente la especulación. Primero, la instrumentación de un impuesto progresivo a la vivienda vacía obligaría a los grandes poseedores a introducir sus inmuebles al mercado, aumentando la oferta y contribuyendo a estabilizar los precios.
Simultáneamente, el gobierno podría establecer fideicomisos para adquirir suelo urbano y construir vivienda de alquiler social, operada por el Estado a precios controlados. Asimismo, se requiere un registro público obligatorio de contratos de arrendamiento que permita transparentar los precios por zona, acompañado de estímulos fiscales atractivos, como reducciones en el impuesto predial, para aquellos propietarios que mantengan sus tarifas por debajo de la inflación.
Finalmente, resulta imperativa una regulación estricta de las plataformas de alojamiento temporal, mediante límites al número de noches que una propiedad puede rentarse o la zonificación de áreas exclusivas para este fin. El objetivo sería evitar que la vivienda tradicional sea sustraída del mercado residencial y que ello presione al alza los costos para los habitantes locales.
SOS: Esta severa crisis de asequibilidad y la elevada rentabilidad del metro cuadrado en las zonas céntricas mantienen un vínculo directo y perverso con el alarmante incremento de los despojos de inmuebles. A medida que la gentrificación avanza y los precios de alquiler se aproximan a ese umbral del 9.6 por ciento, el suelo urbano se convierte en un activo sumamente codiciado por los llamados cárteles inmobiliarios.
Propiedades intestadas, habitadas por adultos mayores en situación vulnerable o que presentan irregularidades administrativas, pasan a ser blanco perfecto de estas organizaciones delictivas. El móvil del despojo ya no es simplemente la ocupación irregular, sino la apropiación ilegal de un predio con alto valor comercial para su demolición, desarrollo de lujo o arrendamiento a precios exorbitantes.
La especulación funciona como motor de esta violencia patrimonial. Al saber que un edificio puede generar ganancias millonarias mediante rentas gestionadas a través de plataformas digitales, las mafias invierten recursos para expulsar a sus legítimos propietarios. Así, el encarecimiento desbordado no solo representa un grave problema económico para el inquilino promedio, sino que se ha transformado en un poderoso incentivo económico para financiar y motivar mecanismos criminales de usurpación territorial en la Ciudad de México.
Juicios: Para que este lucrativo esquema de despojo pueda materializarse bajo una fachada de estricta legalidad, resulta indispensable una red de complicidades profundamente arraigada entre notarios públicos y actores del Poder Judicial.
Las mafias inmobiliarias no operan de manera aislada; recurren a fedatarios públicos corruptos que avalan la falsificación sistemática de escrituras, suplantan identidades mediante poderes notariales y emiten testamentos apócrifos. Una vez obtenidos estos documentos fraudulentos, la maquinaria judicial entra en acción para consolidar el robo del patrimonio.
Jueces y secretarios de acuerdos, actuando en presunto contubernio, admiten juicios civiles sustentados en pruebas fabricadas y aceleran los procesos de manera inusual para dictar sentencias favorables a los despojadores. Posteriormente, estos mismos juzgadores ordenan desalojos con el uso de la fuerza pública, expulsando a los ocupantes legítimos bajo un manto de supuesta legalidad institucional.
El Registro Público de la Propiedad también puede ser vulnerado u omiso dentro de esta cadena, mediante la inscripción de títulos falsos que alteran o borran el historial original del inmueble. Esta sinergia criminal entre el escritorio notarial y los tribunales garantiza, en los casos donde ocurre, condiciones de impunidad, dejando a las víctimas atrapadas en un laberinto procesal difícil de revertir y permitiendo que los grupos dedicados al despojo comercialicen rápidamente el bien y conviertan el patrimonio ilícitamente obtenido en un activo financiero.
Por: Federico Lamont
