Así lo dice La Mont
Semillero: El estado de Guerrero es, desde la aparición de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que en 1975 secuestró a la empresaria hotelera Margarita Saad, un territorio donde la política y la tragedia se entrelazan, dejando a su paso un rastro de impunidad que ayuda a explicar su actual crisis.
La descomposición institucional no es un fenómeno reciente, sino el resultado de décadas en las que el poder público se ejerció como un feudo privado, enriqueciendo desmesuradamente a una élite mientras la inmensa mayoría de la población quedaba relegada a la marginación.
Figuras representativas de este viejo sistema, como el extinto exgobernador René Juárez Cisneros y otros mandatarios estatales, fueron señalados por acumular fortunas que, de acuerdo con sus críticos, resultaban difíciles de explicar a la luz de sus ingresos oficiales. Este presunto enriquecimiento de sectores de la clase gobernante contrastó brutalmente con la pobreza extrema que azota a la Sierra y la Montaña, creando un caldo de cultivo para la violencia y una nueva narcoinsurrección.
Al priorizar el saqueo sistemático del erario y abandonar las instituciones de procuración de justicia, las pasadas administraciones dejaron un enorme vacío de autoridad. Ese abandono permitió a la delincuencia organizada sentar raíces en las ocho regiones del estado, encontrando en la corrupción política el pacto de impunidad necesario para someter a un Guerrero que hoy sigue pagando, particularmente entre los micro, pequeños y medianos empresarios, los múltiples excesos de antiguos gobernantes como Rubén Figueroa, Héctor Astudillo y Ángel Aguirre.
Esta dolorosa herencia de colusión y negligencia tiene su expresión más cruda en la región de la Tierra Caliente, un extenso territorio donde la presencia del Estado se ha visto severamente erosionada por la violencia y el poder de organizaciones criminales como la Nueva Familia Michoacana.
En esta zona limítrofe, las instituciones han sido prácticamente desplazadas en diversas comunidades por una compleja estructura criminal que busca controlar distintos rubros de la vida económica y cotidiana. La Nueva Familia Michoacana no solo domina rutas del tráfico ilícito, sino que ha diversificado su modelo operativo para someter a la población mediante la extorsión, el cobro de piso y el control de productos de la canasta básica.
Los alcaldes operan bajo la amenaza permanente de estos grupos, convirtiéndose, en algunos casos, en administradores condicionados por los designios criminales, mientras los ciudadanos enfrentan el dilema de someterse, huir o exponerse a perder la vida.
Las masacres y el desplazamiento forzado de comunidades enteras se han convertido en expresiones recurrentes de una Tierra Caliente donde los líderes criminales pueden exhibirse con preocupante impunidad. La violencia opera como un mecanismo de control social diseñado para asfixiar cualquier resistencia, dejando a los habitantes en una situación de indefensión frente a sus opresores.
Mientras la región calentana enfrenta este agobiante dominio criminal, las zonas Norte y Centro del estado han sido escenario de una cruenta guerra de desgaste protagonizada por Los Tlacos y Los Ardillos, organizaciones criminales cuya violencia ha alcanzado niveles preocupantes.
Estos grupos, surgidos inicialmente bajo la cobertura de supuestas policías comunitarias o vinculados a estructuras de poder local, evolucionaron hacia organizaciones criminales que disputan rutas de transporte, actividades económicas y espacios de influencia política y municipal.
En la zona Centro del estado, Los Ardillos han sido señalados por una importante penetración en estructuras políticas y económicas, con capacidad para generar bloqueos y paralizar comunidades enteras, en un entorno donde la violencia condiciona quién gobierna y quién puede ejercer libremente sus actividades.
Por su parte, Los Tlacos defienden sus bastiones en la región Norte mediante tácticas de intimidación y violencia dirigidas tanto contra grupos rivales como contra sectores de la sociedad civil.
Esta despiadada confrontación colapsa periódicamente los servicios públicos, paraliza el transporte urbano y limita el trabajo de la prensa independiente, convirtiendo a ciudadanos inocentes en rehenes constantes de balaceras, amenazas y bloqueos carreteros.
La incesante disputa territorial entre ambas facciones evidencia la profunda penetración de las estructuras delincuenciales en distintos ámbitos de la vida pública y representa uno de los mayores desafíos para las instituciones gubernamentales de Guerrero rumbo a 2027.
