Acapulco, Gro., 6 de agosto de 2026.— El caso Ayotzinapa vuelve a colocar a las instituciones de justicia ante una de las mayores exigencias de verdad y rendición de cuentas de la historia reciente de México. En este escenario, la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga llamó a evitar especulaciones y permitir que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) avance hasta sus últimas consecuencias.
La legisladora guerrerense sostuvo que el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa requiere responsabilidad institucional, transparencia y, sobre todo, estricto respeto al debido proceso. A su juicio, sólo una investigación sustentada jurídicamente podrá contribuir a determinar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas.
Mojica planteó que la prioridad debe mantenerse en las familias de los normalistas desaparecidos, quienes durante años han exigido conocer qué ocurrió con sus hijos y que los responsables sean llevados ante la justicia.
Más allá de las implicaciones políticas que pueda generar el desarrollo de nuevas actuaciones ministeriales, la senadora con licencia consideró que el caso representa una asignatura pendiente para el Estado mexicano y una herida que continúa abierta en Guerrero y en el país.
En ese contexto, expresó su respaldo a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y pidió esperar a que concluyan las diligencias antes de establecer conclusiones anticipadas sobre las personas involucradas.
La postura de Mojica cobra relevancia política porque el expediente Ayotzinapa no sólo involucra responsabilidades individuales: también representa un desafío para la credibilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia. Por ello, sostuvo que cualquier procedimiento contra el exgobernador imputado debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos de todas las partes.
“Confío plenamente en Ernestina Godoy”, reiteró.
Para la legisladora, el momento actual demanda prudencia institucional y evitar que el debate público se adelante a las investigaciones. El objetivo, afirmó, debe ser que la verdad jurídica se construya a partir de evidencias y no de especulaciones.
En su perspectiva, el eventual esclarecimiento del caso tendría una dimensión que trasciende el ámbito judicial: contribuiría a recuperar la confianza en las instituciones y abriría la posibilidad de avanzar hacia una etapa de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
“Ayotzinapa sigue siendo una deuda del Estado mexicano y una herida que no debe permanecer abierta”, sostuvo Mojica, al insistir en que la investigación debe continuar hasta conocer plenamente lo ocurrido.
