El modelo estatal busca cerrar la brecha de acceso a la justicia y ampliar su cobertura a las 31 microrregiones de Puebla, en coordinación con la estrategia federal Centros LIBRE.
Ciudad de México.– La estrategia del gobierno de Puebla para atender la violencia contra las mujeres comienza a mostrar una dimensión que va más allá de las cifras: llevar la procuración de justicia, la asistencia social y las herramientas de autonomía económica hasta las comunidades donde históricamente acceder a estos servicios implicaba recorrer largas distancias.
Ese es el principal alcance del modelo Casas Carmen Serdán, que ya opera con 24 centros distribuidos en el estado y que, de acuerdo con los resultados presentados por el gobernador Alejandro Armenta, ha acumulado más de 200 mil servicios otorgados a mujeres y sus familias.
El dato adquiere relevancia porque el modelo parte de un problema estructural: la concentración de servicios públicos en las ciudades. Hasta 2024, mujeres de municipios alejados tenían que trasladarse a la capital poblana para denunciar hechos de violencia, una barrera que podía traducirse en desistimiento por falta de recursos, temor o simplemente por la distancia.
La apuesta de las Casas Carmen Serdán consiste precisamente en modificar esa lógica. En lugar de esperar que las víctimas lleguen a las instituciones, el Estado desplaza parte de su capacidad de atención hacia el territorio.
Durante una presentación realizada en la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, la fiscal especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Karla Michelle Salas Sánchez, explicó que el esquema concentra en un mismo espacio servicios que anteriormente podían encontrarse dispersos entre distintas dependencias.
La Fiscalía, el Poder Judicial, la Secretaría de las Mujeres, el DIF Estatal y organizaciones de la sociedad civil participan en un modelo que busca reducir trámites, tiempos y, sobre todo, la posibilidad de que las víctimas tengan que repetir una y otra vez su historia ante diferentes instituciones.
El diseño contempla cuatro grandes vertientes: investigación y procuración de justicia; asesoría jurídica, psicológica y social; medidas de protección y seguimiento de las carpetas de investigación; y mecanismos de empoderamiento para favorecer la autonomía de las mujeres.
Los resultados reportados permiten dimensionar el volumen de atención. Las 24 casas han brindado más de 200 mil servicios, mientras que la Fiscalía ha atendido directamente a más de 30 mil personas. A ello se suman 58 mil 468 servicios psicológicos, jurídicos y sociales, más de 8 mil 400 medidas de protección y más de 90 mil talleres de empoderamiento.
