El conflicto político entre el Congreso local y el gobernador Samuel García se ha convertido, a juicio de Waldo Fernández, en un obstáculo para la gobernabilidad de Nuevo León y para la construcción de acuerdos que permitan atender las prioridades ciudadanas.
En medio de la disputa entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal, el senador con licencia y aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Waldo Fernández, planteó la necesidad de que ambas partes abandonen la confrontación y establezcan una ruta de negociación que permita cerrar la actual administración con resultados.
El legislador sostuvo que la falta de consensos ha profundizado una crisis política que, desde su perspectiva, refleja la inmadurez de la clase política neoleonesa. Advirtió que el enfrentamiento entre instituciones termina trasladando sus costos a la población.
Fernández llamó tanto al Congreso como al gobernador a asumir una posición acorde con las capacidades de la sociedad de Nuevo León, a la que describió como una de las más productivas y preparadas del país.
“Tenemos la mejor sociedad y tenemos la peor clase política”, sostuvo, al pedir a los actores políticos estar a la altura de empresarios, trabajadores, médicos y estudiantes del estado.
Presupuesto, el punto de mayor presión
Uno de los temas que, de acuerdo con Fernández, debería concentrar los esfuerzos de negociación es la aprobación del presupuesto estatal. El senador con licencia consideró indispensable que Legislativo y Ejecutivo encuentren una salida que permita garantizar la operación gubernamental, pero descartó que ésta deba sustentarse en nuevo endeudamiento.
El llamado adquiere relevancia ante el prolongado desencuentro entre ambos poderes, pues el presupuesto se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión de la agenda política estatal.
Fernández cuestionó que los grupos políticos hayan mostrado disposición para construir acuerdos en asuntos relacionados con la reforma electoral y una eventual licencia del gobernador, pero no hayan conseguido trasladar esa capacidad de negociación a temas que impactan directamente en las finanzas públicas y los servicios para la población.
Una disputa que rebasa lo político
El aspirante sostuvo que la confrontación dejó de ser un diferendo exclusivamente entre actores políticos y comenzó a generar consecuencias para el funcionamiento del estado.
Desde su perspectiva, el problema tiene dos caras: por un lado, acusó al bloque opositor en el Congreso de pretender asumir funciones propias del Ejecutivo; por otro, señaló al gobernador por buscar un Legislativo subordinado a sus intereses.
La consecuencia, afirmó, es una pugna permanente por el control político que desplaza la discusión sobre las necesidades de los ciudadanos.
Fernández llamó a ambas partes a modificar esa dinámica y colocar el interés público por encima de los cálculos partidistas. También consideró que el desempeño de la clase política será un factor que los ciudadanos deberán evaluar en las próximas elecciones.
El mensaje de fondo es claro: Nuevo León enfrenta el reto de convertir la confrontación entre poderes en negociación institucional. Sin acuerdos para garantizar gobernabilidad, presupuesto y disciplina financiera, la disputa política corre el riesgo de seguir trasladando sus costos a una ciudadanía que, según Fernández, ya ha quedado por encima de sus propios representantes.
