¡Mi raza! La máxima casa de estudios de México se encuentra inmersa en una controversia que cuestiona la integridad de sus decisiones institucionales, luego de otorgar un contrato multimillonario a la empresa Territorium Life. El objetivo de esta alianza era realizar la evaluación en línea de 150 mil alumnos, una tarea monumental que requería infraestructura impecable, seguridad y transparencia incuestionable.
Sin embargo, lo que debió representar un avance tecnológico terminó convertido en un pantano de opacidad. La plataforma ha sido señalada por presuntas deficiencias técnicas graves y cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos destinados al proyecto.
La adjudicación de este servicio por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha generado dudas sobre los criterios de selección utilizados por las autoridades, especialmente al estar en juego el futuro académico y la privacidad de miles de estudiantes.
La comunidad universitaria expresó su profundo descontento y exigió claridad sobre cómo una empresa con antecedentes controvertidos logró convertirse en proveedora de la institución educativa más prestigiosa del país.
Este episodio tampoco parece ser un asunto menor, pues ha puesto bajo escrutinio los procesos de contratación y la eficacia de los mecanismos internos de supervisión universitaria.
Sorpresa: El asombro ante esta contratación aumenta al revisar el historial corporativo de la empresa, marcado por señalamientos y controversias en otras instituciones de educación superior.
Entre los casos mencionados se encuentran la Universidad Digital del Estado de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde, de acuerdo con los cuestionamientos planteados, la operación de la plataforma habría derivado en problemas técnicos, incumplimientos y señalamientos relacionados con el manejo de recursos.
Ante este panorama, la pregunta que cobra fuerza es por qué la UNAM habría decidido avanzar con la contratación pese a las señales de alerta existentes.
Resulta necesario conocer si los comités de adquisiciones y las áreas jurídicas realizaron una revisión exhaustiva de los antecedentes de la empresa antes de autorizar el servicio. La transparencia en este tipo de decisiones resulta indispensable cuando están involucrados recursos públicos, información personal y el futuro académico de miles de jóvenes.
Más allá de las especulaciones sobre posibles presiones externas o conflictos de interés, corresponde a las autoridades universitarias aclarar quién tomó las decisiones, bajo qué criterios y cuáles fueron los mecanismos de supervisión aplicados.
La controversia compromete el prestigio de la institución y obliga a revisar con rigor los procedimientos mediante los cuales se ejercen los recursos universitarios.
Atención: Como suele ocurrir en los escándalos donde la presión pública exige responsables inmediatos, la cuerda puede terminar rompiéndose por el lado más conveniente.
La entonces secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila, quedó en el centro de la polémica y posteriormente dejó el cargo, una situación que abrió un debate sobre si la responsabilidad debía concentrarse en una sola funcionaria o si el problema requería revisar toda la cadena de decisiones que permitió la contratación.
Dirigir los reflectores hacia una sola persona corre el riesgo de ocultar las responsabilidades institucionales que pudieran existir detrás de la negociación y de la autorización del contrato.
Si hubo fallas en los procesos de licitación, supervisión o evaluación de proveedores, estas deben ser esclarecidas con evidencia y no mediante señalamientos políticos o administrativos.
La discusión de fondo no debería reducirse a encontrar un responsable individual, sino determinar qué ocurrió, quién tomó las decisiones, qué controles fallaron y cómo evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
Mientras la atención pública se concentra en los cambios dentro de la estructura universitaria, permanece una pregunta fundamental: ¿quiénes tomaron las decisiones que permitieron esta contratación y bajo qué criterios?
La respuesta, más que un sacrificio político, exige transparencia, rendición de cuentas y una revisión profunda de los mecanismos de contratación de la máxima casa de estudios.
Por: Federico Lamont
