La disputa por los inmuebles del Centro Histórico vuelve a colocar bajo la lupa la actuación de funcionarios y la posible existencia de estructuras que faciliten el despojo de propiedades. Morena pidió a las alcaldías reforzar los controles internos y a la Fiscalía capitalina profundizar en todas las líneas de investigación.
El problema del despojo de inmuebles en la Ciudad de México dejó de ser, desde hace tiempo, un asunto exclusivamente patrimonial. Detrás de algunos casos existen denuncias que apuntan a posibles redes capaces de aprovechar vacíos legales, propiedades en situación vulnerable y presuntos vínculos con funcionarios públicos para apoderarse de bienes ajenos.
El caso de República de Argentina 110, en el Centro Histórico, vuelve a poner el tema sobre la mesa. El 17 de agosto de 2023, un total de 42 familias denunciaron haber sido expulsadas de 16 departamentos. Dos años después, el conflicto permanece abierto y, según los afectados, durante junio pasado se produjeron nuevos intentos para tomar posesión del inmueble.
Uno de los episodios ocurrió el 8 de junio, cuando un individuo que no se identificó llegó acompañado de un policía y mostró una fotografía de lo que aseguró era una supuesta orden judicial. El objetivo, según los vecinos, era ingresar al inmueble y asumir su control.
La escena resulta particularmente relevante porque las familias desplazadas mantienen desde 2023 un campamento sobre República de Ecuador mientras esperan una respuesta definitiva de las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya mantiene abierta una investigación, pero los afectados demandan que ésta avance y permita determinar quiénes están detrás de los intentos de ocupación.
En este escenario, Morena planteó que las alcaldías deben convertirse en un primer filtro para impedir que servidores públicos puedan participar —directa o indirectamente— en operaciones destinadas a localizar, ocupar o regularizar de manera irregular inmuebles.
El señalamiento político tomó como referencia el caso de Coyoacán durante la administración del exalcalde Mauricio Toledo, donde, según Morena, servidores públicos habrían identificado viviendas abandonadas o cuyos propietarios eran adultos mayores para posteriormente propiciar su ocupación por terceros y facilitar después procesos relacionados con desarrollos inmobiliarios.
La acusación, sin embargo, abre una discusión que requiere algo más que señalamientos políticos: investigaciones documentales, ministeriales y patrimoniales capaces de establecer responsabilidades concretas.
Paulo Emilio García González pidió a las 16 alcaldías de la capital reforzar la supervisión de quienes intervienen en los procedimientos relacionados con el uso, ocupación y destino de los inmuebles. Puso particular atención en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, demarcaciones que, afirmó, concentran una parte importante de las denuncias por despojo.
El legislador también solicitó a la Fiscalía capitalina ampliar las pesquisas para determinar si existen conexiones entre las estructuras conocidas públicamente como “Cártel Inmobiliario” y las redes dedicadas al despojo de propiedades.
El punto central, no obstante, es evitar que una hipótesis política termine sustituyendo a una investigación judicial. El propio García González reconoció que no se puede responsabilizar a personas sin pruebas y planteó la necesidad de revisar con cautela cualquier eventual relación.
La advertencia tiene implicaciones mayores: si efectivamente existen redes que combinan información privilegiada, intervención de servidores públicos, ocupación irregular y posterior explotación inmobiliaria, el fenómeno no sólo representa un problema de seguridad patrimonial, sino también una amenaza para la legalidad urbana y la certeza jurídica de miles de propietarios.
Como parte de la respuesta, se anunció la instalación de mesas de atención en el Centro Histórico, donde se buscará orientar a
propietarios y afectados, además de impulsar procesos de regularización.
El desafío será que esas mesas no se conviertan únicamente en espacios de atención burocrática. El verdadero objetivo debería ser construir una ruta que permita identificar patrones, proteger a las víctimas, recuperar inmuebles cuando corresponda y desarticular las redes que eventualmente lucren con el despojo.
El caso de República de Argentina 110 funciona así como una señal de alerta. La disputa por 16 departamentos podría parecer un conflicto inmobiliario más, pero las denuncias acumuladas plantean una pregunta de fondo: ¿cuántos despojos pueden estar vinculados a estructuras que operan aprovechando información, omisiones institucionales o posibles complicidades?
Responderla exige pruebas, expedientes y resultados judiciales. Sobre todo, exige que ninguna propiedad vulnerable sea considerada una oportunidad de negocio para quienes pretenden convertir el despojo en un mecanismo de acumulación inmobiliaria.
Por: Ariane Montero
