Detrás de las aparentemente inofensivas máquinas tragamonedas instaladas en tiendas de abarrotes, farmacias y pequeños comercios del Estado de México operaba una estructura criminal que iba mucho más allá de las apuestas clandestinas. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México revelan que estos dispositivos constituían una herramienta para obtener recursos ilícitos, ejercer control territorial y captar nuevos integrantes para las organizaciones delictivas.
Las indagatorias presentadas durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum muestran que las tragamonedas formaban parte de un modelo de operación cuidadosamente diseñado por grupos criminales, que imponían su instalación mediante amenazas y extorsiones a propietarios de establecimientos comerciales.
De acuerdo con el fiscal general José Luis Cervantes Martínez, las ganancias generadas por estos aparatos no permanecían en los negocios donde eran instalados. El dinero era canalizado directamente a las estructuras criminales, convirtiéndose en una fuente permanente de financiamiento para actividades ilícitas.
Sin embargo, el hallazgo que más preocupa a las autoridades es que las máquinas también funcionaban como un mecanismo de reclutamiento, principalmente de adolescentes y jóvenes.
Las investigaciones apuntan a un patrón recurrente: quienes agotaban su dinero en las apuestas recibían préstamos para continuar jugando. Cuando las deudas se volvían impagables, los grupos criminales ofrecían una sola alternativa: saldar el adeudo realizando actividades ilegales.
Así, las víctimas eran incorporadas gradualmente a tareas como cobro de extorsiones, distribución de droga, vigilancia de puntos de operación, transporte de mercancía ilícita y otras funciones dentro de las organizaciones criminales.
Para la Fiscalía, este esquema permitía a los grupos delictivos obtener un doble beneficio: ingresos constantes derivados de las apuestas y un flujo permanente de nuevos reclutas, muchos de ellos menores de edad.
Las investigaciones también identificaron que numerosas tragamonedas eran colocadas estratégicamente en zonas de alta afluencia juvenil y en las inmediaciones de escuelas, lo que ampliaba las posibilidades de captar nuevos jugadores y potenciales integrantes de las redes criminales.
Como parte de la ofensiva contra este modelo de operación, autoridades estatales, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, aseguraron más de tres mil 700 máquinas tragamonedas y decomisaron entre 10 y 15 millones de pesos en efectivo, recursos cuyo monto definitivo continúa siendo cuantificado.
Para las autoridades, el decomiso representa apenas una parte del problema. El verdadero desafío consiste en desarticular una modalidad de operación que, bajo la apariencia de entretenimiento, permitía a las organizaciones criminales fortalecer sus finanzas, ampliar su presencia territorial y renovar constantemente sus filas mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad económica de niñas, niños y jóvenes.
La investigación mantiene abiertas diversas líneas para determinar la dimensión de esta red, identificar a quienes ordenaban la instalación de los aparatos y establecer posibles vínculos entre los establecimientos utilizados y las células delictivas que operan en distintas regiones del Estado de México.
