El lavado de dinero de tres instituciones financieras mexicanas, el enfoque parcial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las explicaciones que nos deben dar la UIF y la CNBV
Mucha tinta ha corrido a raíz de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero en tres instituciones financieras mexicanas. Como era de esperarse, se ha intentado sacar la mayor raja política posible y, de inmediato, dedos flamígeros se alzaron contra los gobiernos de la Cuarta Transformación. Sin un análisis riguroso del origen de los recursos públicos, algunos se atreven incluso a afirmar que los programas sociales se financian con dinero proveniente de operaciones ilícitas. El «economista» Mario Di Costanzo –con lo chueco que es– publicó en la red X el siguiente comentario:
«Si eres adulto mayor y tu dinero de la pensión del bienestar te llega húmedo, no te preocupes; es que está recién lavado. Atentamente, el Gobierno».
Hay tres puntos que deben aclararse. Primero, que la dispersión de recursos hacia los pensionados no se realiza a través de las tres instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro (CIBanco, Intercam y Vector), sino mediante el Banco del Bienestar. Segundo, que el monto presuntamente vinculado al lavado de dinero, 46 millones 591 mil dólares, representa apenas el 0.17% del presupuesto autorizado para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en 2025; es decir, no alcanzaría para sostener el programa. Y tercero, y más importante aún, que las principales fuentes de ingresos del Gobierno Federal son: los ingresos tributarios, los ingresos petroleros, la venta de bienes y servicios públicos, el cobro de derechos y aprovechamientos, y los recursos obtenidos por financiamiento (bonos y préstamos). Todos ellos provienen de la formalidad y de actividades lícitas.
Busquemos otra referencia útil: los 46 millones 591 mil dólares equivalen apenas al 1.15% del monto que Grupo Salinas adeuda al fisco por evasión de impuestos. Este adeudo, acumulado durante 17 años, es significativo: representa un nada despreciable 15% del presupuesto del programa de pensiones para adultos mayores.
La literatura sobre el lavado de dinero ha explorado diversas aristas. El periódico La Jornada aporta tres datos clave:
-
Cada año fluyen 100 mil millones de dólares derivados del narcotráfico hacia el sistema financiero de EE. UU., y se estima que allí se lavan anualmente 300 mil millones de dólares.
-
El 95% de las alertas de lavado de dinero se originan en ese país.
-
En el reporte del Departamento del Tesoro no se mencionan las instituciones financieras estadounidenses que transfirieron 9.1 millones de dólares a Intercam y Vector en estas operaciones ilícitas.
Regresemos a la cifra dada por el Departamento del Tesoro: los 46 millones 591 mil dólares detectados en México representan apenas el 0.04% del monto lavado anualmente por el tráfico de drogas (incluido el fentanilo), y el 0.01% de todo el lavado de dinero derivado de operaciones ilícitas en EE. UU. La paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el propio.
¿Por qué es tan difícil erradicar el lavado de dinero? La literatura especializada lo divide en tres etapas: colocación, estratificación e integración. En cada una intervienen numerosos actores y se ejecutan múltiples operaciones:
-
Colocación: se fraccionan depósitos o se dispersa el dinero sucio en diversos instrumentos financieros. Se usan intermediarios y empresas fantasma aparentemente legales que permiten introducir grandes sumas al sistema financiero.
-
Estratificación: se intenta romper el vínculo con el origen ilícito mediante múltiples transferencias entre cuentas, uso de empresas pantalla, conversión en productos financieros, uso de criptomonedas y traslado a paraísos fiscales. Se genera así una maraña difícil de rastrear.
-
Integración: el dinero, ya blanqueado, se traslada al mercado legal mediante la compra de inmuebles, inversiones en negocios, adquisición de arte o bienes de lujo, a menudo con el uso de testaferros.
Detrás del lavado hay facturación falsa, empresas fantasma, cómplices (a veces sin plena conciencia), fragmentación de operaciones, uso de criptomonedas, paraísos fiscales, casinos, comercio de lujo, y nuevas formas de simulación. De ahí la importancia de detectar y prevenir temprano: cortar los circuitos del blanqueo antes de que se normalicen dentro de la economía legal.
Sí, existe normatividad internacional, sistemas de supervisión y herramientas tecnológicas para detectar operaciones sospechosas. Pero el monstruo es inmenso: el narcotráfico tiene un valor estimado de 350 mil millones de dólares anuales, con unos 300 millones de consumidores. En EE. UU. hay unos 60 millones de usuarios de drogas y 2.5 millones con trastornos por consumo de opioides cada año. Con ese tamaño de mercado, es difícil pensar que el combate al lavado será plenamente efectivo.
En México existe la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y hay cuatro actores principales en la vigilancia de estos delitos: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR), cada uno con distintas atribuciones.
También las propias instituciones financieras y bursátiles cuentan con unidades especializadas y sistemas de control interno para detectar operaciones sospechosas. Aun así, es prácticamente imposible evitar por completo que alguna operación irregular se cuele, por las razones ya descritas: multiplicidad, fragmentación, dispersión, complejidad y sofisticación.
La eficiencia radica en detectar oportunamente las operaciones dudosas. De ahí que no se pueda afirmar que una institución esté plagada de lavado de dinero por una sola acusación. Más temerario aún es suponer que los propios dueños consientan o participen en estas operaciones. Hay quienes buscan desprestigiar al sistema financiero mexicano como si operaciones marginales en tres instituciones pequeñas significaran un riesgo sistémico. No entienden la importancia del ahorro, la inversión, el financiamiento y la seguridad del sistema de pagos y transferencias.
Una técnica básica en este combate es «Conoce a tu cliente» (KYC, por sus siglas en inglés). Su eficiencia depende de la percepción sobre la solvencia moral del cliente.
Según FinCen, Vector lavó los sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna entre 2013 y 2019. Se trataría de más de 40 millones de dólares vinculados con la empresa Nunvav Inc., propiedad de la familia Weinberg, que recibió contratos públicos durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
¿Podía una institución financiera dudar de García Luna en 2013, cuando inyectó recursos a Vector? Imposible: gozaba de altísima reputación. Fue condecorado por 12 países, incluido EE. UU. Michele Leonhart, exdirectora de la DEA, dijo en 2011: “Es un honor estar aquí con usted, uno de los funcionarios del cumplimiento de la ley más talentosos del mundo…”.
Pero tras su detención en diciembre de 2019, todo cambió. Su reputación se desplomó y todos en su entorno se volvieron sospechosos. Si el Departamento del Tesoro fuera coherente, incluiría también a instituciones financieras estadounidenses. El dinero ilícito no se esterilizó en México; se movió a EE. UU., paraísos fiscales e incluso Israel y Barbados, según Pablo Gómez. ¿Acaso García Luna y su familia no tenían activos en EE. UU. al momento de su arresto?
Lo más inexplicable: ¿por qué ahora el director de la UIF guarda silencio? En mayo de 2025, la Corte de Miami condenó a García Luna y a su esposa a pagar 1,489 millones de dólares al Gobierno mexicano. El juicio lo inició Santiago Nieto en 2021 y fue continuado por Pablo Gómez.
Este último, en su estilo teatral, solicitó a la jueza Lisa Walsh una carta rogatoria para que Citibanamex entregara información sobre una cuenta en Vector. Se trata de los 47 millones de dólares desviados por García Luna mediante contratos irregulares con Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc. La cifra coincide con los más de 40 millones de dólares que FinCen vincula con pagos ilegales.
El pasado 23 de mayo, durante la conferencia de la presidenta Sheinbaum, Pablo Gómez señaló que el esquema de corrupción del viejo régimen también financió campañas políticas. Dijo: “Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaron… El cambio vino en 2018.” También reconoció que hubo instituciones financieras involucradas en el movimiento de esos recursos ilegales.
Debe decir Pablo Gómez ahora, con todos estos antecedentes – sobre todo, con el de la carta rogatoria – si su gestión en el juicio civil la hizo trascender, enterando o presentando una denuncia contra Vector ante la FGR, ya que fue la institución financiera desde donde se detectaron las operaciones irregulares de García Luna. Sobre la CNBV qué se puede decir, si la carta rogatoria fue dirigida a ella y aun así no subió el tono de la alerta hacia Vector con medidas prudenciales y correctivas; sólo hasta ahora con la comunicación reveladora del Departamento de Tesoro de Estados Unidos se ha atrevido a hacer una intervención gerencial.
Todo resulta poco explicable, desde diciembre de 2020, Alfonso Romo, dueño de Vector, había dejado de ser el Jefe de Oficina de López Obrador y a partir de ese momento el presidente lo mantuvo a una sana distancia; en realidad, incluso en el cargo mostró poco fuelle y en 2024, prácticamente, permanecía en el ostracismo. Ante la ausencia de acciones oportunas contra Vector, la institución financiera vinculada con las operaciones de García Luna, sólo se nota negligencia y frivolidad por parte de nuestras entidades fiscalizadoras. Deben aclarar bien lo que hicieron en 2024, o de verdad, pregunto: ¿no existe nada peor que reconocer un error?
- Por: Gildardo Cilia López
Síguenos en Redes
Más Recientes
Te Puede Interesar
Domo de Cristal
No hay comentarios