Los indicadores económicos comienzan a enviar señales que el discurso político difícilmente puede ocultar. BBVA redujo nuevamente su expectativa de crecimiento para México. El Banco de México también ajustó sus previsiones. La informalidad laboral permanece por encima de 55%, el empleo formal pierde dinamismo y la inversión privada continúa mostrando cautela.
Mientras la revisión del T-MEC se acerca, el gobierno insiste en que la economía marcha por buen camino. La pregunta es simple: ¿quién tiene razón, los datos o la narrativa?
La realidad económica suele ser menos ideológica y mucho más contundente.
México enfrenta una desaceleración económica en un momento particularmente delicado. La población envejece, las obligaciones pensionarias aumentan y la presión sobre el sistema de salud se intensifica. Al mismo tiempo, el déficit fiscal continúa elevado y la capacidad para generar nueva riqueza muestra señales de debilitamiento.
El crecimiento no alcanza
Durante años, México ha crecido por debajo de su potencial. Hoy la situación merece aún mayor atención. Los principales analistas estiman para 2026 un crecimiento cercano al 1%.
Eso significa una economía incapaz de generar el volumen de empleo formal, inversión y recaudación que requiere un país con más de 130 millones de habitantes.
Un crecimiento de 1% puede parecer aceptable en economías maduras como Alemania o Japón. No ocurre lo mismo en una economía emergente con rezagos históricos en infraestructura, educación, salud y seguridad.
Mientras tanto, la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo, las tasas de interés permanecen elevadas y el tipo de cambio mantiene una estabilidad que depende más de factores externos que de fortalezas estructurales internas.
El Mundial no resolverá los problemas estructurales
El gobierno apuesta a la derrama económica que generará la Copa Mundial de Futbol. Sin duda habrá beneficios para hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y el sector turístico en general.
Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que los grandes eventos deportivos rara vez modifican la trayectoria económica de un país.
El Mundial no resolverá:
- la informalidad laboral;
- la baja productividad;
- la insuficiente inversión privada;
- las deficiencias en la impartición de justicia;
- la debilidad del crédito productivo.
Confundir un evento temporal con una estrategia económica de largo plazo sería un error.
El empleo formal pierde terreno
Uno de los indicadores más preocupantes es la persistencia de la informalidad. Más de la mitad de la población ocupada trabaja fuera de la formalidad plena.
Esto significa millones de personas sin acceso completo a seguridad social, ahorro para el retiro, crédito institucional o protección laboral efectiva.
También implica una base tributaria limitada. Y una base tributaria limitada reduce la capacidad futura del Estado para financiar salud, educación, infraestructura, seguridad y pensiones.
Las matemáticas son simples: cada trabajador informal representa una menor capacidad de financiamiento para el sector público.
Programas sociales y prioridades presupuestales
México destina más de un billón de pesos a programas sociales. La cifra supera ampliamente la inversión destinada a la conservación de carreteras federales, compite con los recursos asignados a salud y se aproxima a los montos destinados a educación.
El problema no es la existencia de programas sociales. El problema es convertirlos en el eje central de una estrategia económica.
Los programas sociales alivian necesidades. La productividad genera riqueza.
Los primeros distribuyen recursos; la segunda los crea.
Cuando la generación de riqueza pierde dinamismo, la distribución se vuelve cada vez más difícil de sostener.
El sector productivo sigue esperando
Existe otro problema poco discutido. La banca de desarrollo parece cada vez más enfocada en acompañar prioridades gubernamentales que en impulsar la productividad.
Las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando dificultades para acceder a financiamiento competitivo.
Las SOFOMES, arrendadoras, empresas de factoraje y financieras especializadas siguen operando sin una política pública integral que fortalezca su capacidad de financiamiento.
Paradójicamente, son estos intermediarios los que suelen atender segmentos que la banca tradicional ignora.
Sin crédito productivo no existe expansión empresarial. Sin expansión empresarial no existe suficiente empleo formal. Y sin empleo formal suficiente no puede haber crecimiento sostenible.
El costo económico de un Estado de derecho débil
Uno de los mayores errores del debate nacional consiste en tratar al Poder Judicial como un tema exclusivamente político.
No lo es.
También es un tema económico.
Todo inversionista necesita responder preguntas básicas:
- ¿Se ejecutan los contratos?
- ¿Se recuperan las garantías?
- ¿Se cumplen las sentencias?
- ¿Existen tiempos razonables de resolución?
Hoy, las respuestas generan dudas.
La percepción de hiperformalismo, lentitud procesal, criterios inconsistentes y baja exigencia de resultados afecta directamente la confianza.
La reforma judicial prometió transformar el sistema. Sin embargo, sigue predominando la discusión política sobre la discusión técnica.
La elección de jueces no garantiza por sí misma independencia, productividad ni calidad jurisdiccional. Tampoco resuelve problemas históricos como el exceso de trámites físicos, las notificaciones costosas, los exhortos interminables, los edictos ineficientes o la ejecución tardía de sentencias.
La justicia lenta tiene un costo económico enorme.
Reduce la inversión. Incrementa el riesgo. Encarece el crédito. Destruye valor.
Cuando las matemáticas no cuadran
Las movilizaciones de la CNTE, la reversión parcial de medidas relacionadas con las pensiones de Pemex, las modificaciones constantes a reformas recientes y los ajustes legislativos posteriores a decisiones apresuradas forman parte de un mismo fenómeno.
Cuando las matemáticas no cuadran, las protestas se multiplican.
Cuando las promesas superan la capacidad financiera, aparecen los conflictos.
Cuando una política pública está mal diseñada, la presión organizada termina sustituyendo al análisis técnico.
Lo preocupante es que casi nunca existen responsables.
En el sector privado, una mala decisión puede traducirse en pérdidas, despidos o incluso la desaparición de una empresa.
En el sector público, las consecuencias suelen diluirse. La factura termina distribuyéndose entre contribuyentes, consumidores y generaciones futuras.
El desafío que viene
La revisión del T-MEC ocurrirá en un entorno más complejo.
Estados Unidos exigirá resultados, no discursos.
Evaluará competitividad, seguridad, Estado de derecho, política energética, cumplimiento regulatorio y capacidad de atracción de inversiones.
México mantiene ventajas extraordinarias:
- ubicación geográfica estratégica;
- integración manufacturera;
- cercanía con Estados Unidos;
- capital humano;
- un amplio mercado interno.
Pero ninguna ventaja es permanente. La confianza debe renovarse constantemente.
México no puede ignorar los indicadores.
El crecimiento económico se desacelera. La informalidad permanece elevada. La productividad sigue rezagada. La inversión privada continúa cautelosa. La confianza institucional no mejora al ritmo necesario. Y las presiones fiscales aumentan.
Los programas sociales pueden generar popularidad. Las conferencias pueden construir narrativa. Los grandes eventos deportivos pueden despertar entusiasmo.
Pero ninguna de esas cosas sustituye el crecimiento económico.
Al final, las economías no prosperan por decreto. Prosperan cuando existen inversión, productividad, crédito, certeza jurídica y confianza.
Y es precisamente en esos rubros donde México enfrenta hoy sus mayores desafíos.
Porque las leyes pueden reformarse. Los decretos pueden corregirse. Las promesas pueden renegociarse.
Pero las matemáticas económicas no negocian.
Y tarde o temprano terminan imponiendo la realidad.
Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
