Así lo dice La Mont
Movimiento armado: La tentación de equiparar la evolución de la violencia criminal en México con los movimientos insurgentes del pasado constituye un error de diagnóstico recurrente. Al aproximarse fechas de alta visibilidad internacional, como la inauguración de la Copa del Mundo el 11 de junio, suele especularse con la posibilidad de que grandes corporativos del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, decidan articular un levantamiento armado de carácter político-militar similar al protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Sin embargo, esta hipótesis carece de sustento ideológico e institucional, pues un cártel de la droga busca el control de mercados, rutas y economías locales mediante la cooptación y el sometimiento del Estado, no su sustitución o reforma a través de un programa político de emancipación social. Mientras el zapatismo pretendía visibilizar una agenda de derechos indígenas y soberanía nacional, las organizaciones criminales operan bajo la lógica del capitalismo clandestino. Un alzamiento formal contra el Estado mexicano antes de un evento deportivo internacional no solo unificaría la respuesta militar del gobierno federal y sus aliados, sino que además destruiría la infraestructura de negocios de los propios cárteles. A las mafias les favorecen la discreción operativa y la impunidad, no la declaración de guerra abierta que implicaría una insurgencia formal.
Narcoofensiva: Este fenómeno de militarización criminal, no obstante, asume expresiones tácticas alarmantes que con frecuencia confunden a la opinión pública. El reciente desmantelamiento de un campamento clandestino en la región de Huimanguillo, Tabasco, por parte de las fuerzas armadas, ilustra esta sofisticación técnica, pues en el lugar se encontraron no solo pertrechos de uso exclusivo del Ejército, sino también tecnología de punta, incluidos drones con capacidad de carga y ataque similares a los utilizados de manera masiva en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Aunque la presencia de estos dispositivos y la estructura de adiestramiento tipo cuartelario sugieren una capacidad bélica formidable, su propósito dista mucho de la construcción de un frente de liberación nacional. Estos espacios funcionan como centros de entrenamiento para sicarios y operadores tácticos encargados de disputar el control territorial frente a facciones rivales, asegurar el paso de cargamentos ilícitos o someter a las comunidades mediante el terror tecnológico. Los drones modificados con explosivos artesanales no son herramientas para una revolución, sino instrumentos de guerra asimétrica orientados a paralizar a las fuerzas de seguridad locales y dominar mercados regionales de extorsión.
Objetivo: La verdadera guerrilla con motivación ideológica en el México contemporáneo se encuentra fragmentada en comparación con el ocaso del siglo pasado. Las organizaciones históricas, como el Ejército Popular Revolucionario, surgido con fuerza a mediados de los noventa, o los remanentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, sufrieron un prolongado proceso de desgaste y atomización. A la fecha, los remanentes de estas estructuras armadas sobreviven de manera casi marginal y testimonial en zonas específicas del territorio nacional. Sus principales bastiones de resistencia ideológica y operativa se localizan en las regiones montañosas y de alta marginación social de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y algunas porciones de la Huasteca en Veracruz e Hidalgo. Estos grupos ya no cuentan con la capacidad de convocatoria masiva para desestabilizar al Estado, limitando sus actividades a la publicación de comunicados políticos, la conmemoración de fechas históricas y ocasionales ejercicios de autodefensa comunitaria o presencia armada esporádica en caminos rurales.
¿Dónde están?: La geografía de los grupos armados en México se divide actualmente en dos grandes vertientes de naturaleza completamente opuesta. En el primer bloque se encuentran los grupos de corte político e insurgente, clasificados bajo la denominación de guerrillas de izquierda, que incluyen al mencionado Ejército Popular Revolucionario, al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente en la sierra de Guerrero y a diversas escisiones menores que operan bajo banderas socialistas en Oaxaca y Chiapas. Estas agrupaciones justifican su existencia en la marginación económica, la defensa de la tierra y la resistencia frente a los abusos estatales.
En el extremo opuesto, y con una presencia territorial infinitamente superior, se ubican los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, cuyo origen fue la protección de sus localidades frente al crimen organizado en Michoacán, Guerrero y Morelos, pero que con los años sufrieron procesos de infiltración y desvirtuación. La gran paradoja del panorama de seguridad nacional radica en que el verdadero desafío armado no proviene de los herederos de las utopías revolucionarias de izquierda, sino de las corporaciones criminales que, armadas con tecnología de guerra moderna y tácticas de combate asimétrico, disputan el control de la vida cotidiana del país sin pretender cambiar las leyes, sino gobernar al amparo de su propia ley.
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