Así lo dice La Mont
Razones: La política en Sinaloa no se explica desde la superficie, sino desde las raíces bajo la tierra, donde el poder institucional y el fáctico cohabitan. Al observar el horizonte de 2027, tras el colapso político que representó la caída del gobernador Rubén Rocha Moya y la erosión de su delfín, el senador Enrique Inzunza, el estado se encuentra en una crisis de identidad profunda. La pregunta que flota en el aire caliente de Culiacán no es solo quién gobernará, sino si el sistema de gobernanza imperante durante décadas es capaz de mutar o si simplemente se vislumbra un relevo de nombres para mantener el mismo equilibrio de fuerzas.
Espacios: El vacío heredado por la estructura de Rocha e Inzunza abrió un boquete en la hegemonía de Morena en la entidad. Lo que parecía una transición de terciopelo hacia la continuidad del proyecto oficialista se transformó en un escenario de incertidumbre, donde el control territorial y el consenso político se fragmentaron. En este contexto, la posibilidad de cambio no es una mera aspiración retórica de la oposición, sino una variable real que depende de la capacidad de los grupos contrarios al régimen actual para articular una narrativa de rescate institucional. Sin embargo, hablar de cambio en Sinaloa requiere honestidad sobre el pasado, pues la sombra del narcopoder proyecta su silueta sobre casi todas las administraciones desde los años sesenta, con Leopoldo Sánchez Celis.
Origen: La historia sinaloense es un recordatorio constante de que las instituciones suelen ser permeables. Así lo muestran los tiempos del gobernador Leopoldo Sánchez Celis, cuya gestión quedó marcada por la cercanía de su jefe de seguridad con figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo: la línea entre el Estado y el crimen se volvió difusa. No fueron casos aislados; durante el sexenio de Antonio Toledo Corro, la expansión de los grupos delictivos se dio bajo un manto de pasividad que muchos interpretaron como complicidad. Incluso figuras que alcanzaron la estatura de candidatos presidenciales, como Francisco Labastida Ochoa, no escaparon a esta dinámica. Su salida de la gubernatura para refugiarse en la embajada de Portugal, en los años noventa, ocurrió en un clima de violencia extrema, simbolizado por el asesinato de su procurador de justicia, Francisco Álvarez Farber, en el Parque Hundido de la Ciudad de México en 1993, un crimen que evidenció que los conflictos de Sinaloa siempre terminan por desbordarse hacia el centro del país.
Alternancia: ¿Puede la oposición ganar la gubernatura en 2027? La respuesta corta es sí, pero la respuesta compleja reside en el “con quién” y el “cómo”. Existe una ventana de oportunidad nacida del hartazgo social y del desmantelamiento de la estructura de poder que Rocha Moya pretendía heredar. Una coalición que agrupe al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, o a figuras de la sociedad civil, tendría posibilidades reales si logra presentar un aspirante que no cargue con las maletas de la vieja política clientelar, pero que a la vez posea el colmillo necesario para negociar en un estado de alta peligrosidad política.
Los nombres que empiezan a sonar en la política estatal sugieren perfiles de empresarios con arraigo o liderazgos regionales que se mantengan a una distancia prudente de los escándalos recientes, aunque la verdadera prueba será su capacidad para garantizar estabilidad en un territorio donde el orden no siempre lo dicta la ley. Las condiciones para un vuelco electoral están dadas en la medida en que la inseguridad y la ingobernabilidad han agotado la paciencia del electorado. La caída de los pilares del morenismo local ha dejado a las bases a la deriva, con la lógica desbandada de cuadros que antes se sentían protegidos por el manto oficial.
No obstante, ganar la elección es apenas el primer paso de un desafío monumental. Quien aspire a sentarse en la silla del Palacio de Gobierno de Culiacán en 2027 debe ser consciente de que recibirá un estado donde el tejido social está fracturado y los poderes paralelos tienen décadas de ventaja en la administración del territorio. La oposición necesita más que una alianza de logotipos; requiere un pacto de Estado que involucre a los sectores productivos y a la ciudadanía para intentar, por primera vez en medio siglo, que el Palacio de Gobierno deje de ser una extensión de los intereses que se gestan en la sierra o en las casas de seguridad.
¿Continuidad?: Mantener el modelo actual parece hoy una apuesta de alto riesgo, pues el estigma del fracaso de la administración de Rocha Moya pesa demasiado sobre cualquier intento de sucesión interna. El cambio, por otro lado, se percibe como una necesidad urgente, pero también como un salto al vacío si no se acompaña de una estrategia de seguridad que reconozca la profundidad de la infiltración criminal en la vida pública.
La historia de Sinaloa muestra que el relevo de un gobernador no siempre significa un cambio de régimen. Las transiciones suelen ser cosméticas si no se toca la estructura de impunidad que permitió a personajes como Farber ser asesinados en pleno corazón de la capital del país sin consecuencias reales para los autores intelectuales protegidos por el poder político de la época.
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