Gobierno de Sheinbaum rechaza informe de Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas
• El gobierno de México denuncia una “falta de rigor jurídico” y señala un posible conflicto de interés dentro del Comité, al afirmar que “existe evidencia de que al menos uno de sus integrantes trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado”.
El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó el reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al calificarlo como “tendencioso”, “sesgado” y carente de rigor.
Las autoridades argumentaron que el informe omite avances institucionales implementados desde 2019 y se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, ignorando información actualizada enviada por el Estado mexicano.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) rechazaron el documento y lo calificaron de “tendencioso” por “no tomar en cuenta” las observaciones y análisis presentados por México.
Por su parte, el informe del comité de la ONU señala que México concentra el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial, además de advertir un repunte significativo en los últimos meses.
De acuerdo con el documento, el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —equivalentes al 38% del total global—. Tan solo en los cinco meses más recientes (de septiembre de 2025 a febrero de 2026) se registraron 40 nuevas solicitudes, lo que representa más de un tercio del total mundial en ese periodo. Asimismo, advierte sobre fallas graves en los sistemas de respuesta del Estado.
Al respecto, el Gobierno subrayó que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), de distinto signo político al actual, por lo que “omite considerar” las medidas adoptadas por la presente administración.
En su respuesta, el Gobierno de México aseguró que durante el actual sexenio se ha impulsado una profunda reforma legislativa e institucional para combatir este delito, en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
Como resultado de este diálogo, en julio de 2025 se aprobaron diversas reformas legales que, según el gobierno, no fueron consideradas por el Comité de la ONU.
En el comunicado también se enlistan diez herramientas y obligaciones clave que habrían sido ignoradas, entre las que destacan: la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la obligación legal de iniciar una carpeta de investigación desde el primer reporte; la Plataforma Única de Identidad; y el fortalecimiento tecnológico y de personal especializado en la Comisión Nacional de Búsqueda y el Banco Nacional de Datos Forenses.
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