Así lo dice La Mont

Ocaso: El reciente congelamiento de activos y cuentas bancarias pertenecientes a Nicolás Maduro por parte de instancias internacionales, destacando la acción del Consejo Federal Suizo, marcó un punto de inflexión que trasciende la simple presión diplomática. Esta decisión no es solo una sanción administrativa, sino la validación de la tesis que sostiene la existencia de una estructura criminal en la cúspide del poder venezolano. Suiza, históricamente cautelosa y defensora de una neutralidad que a menudo servía de refugio para capitales dudosos, decidió actuar ante el “riesgo jurídico” que representan dichos recursos. Al bloquear estos activos hasta el año 2030, el sistema financiero internacional envió un mensaje claro: el origen de esa fortuna no solo es sospechoso, sino que estaría intrínsecamente ligado a una red que la justicia global comienza a procesar bajo los estándares del crimen organizado transnacional y los crímenes de lesa humanidad. Este cerco financiero, sumado a la incautación de bienes de lujo —como aeronaves en jurisdicciones aliadas—, corrobora para la comunidad internacional que no se trata de una persecución ideológica, sino de un desmantelamiento progresivo de la logística económica que sostiene a un aparato estatal acusado de operar fuera de los márgenes del derecho internacional.

Amenaza: En este escenario de reconfiguración geopolítica, la administración del presidente Donald Trump endureció su postura hacia el hemisferio occidental al colocar a varios mandatarios bajo una vigilancia sin precedentes, que combina aranceles, presión militar y deslegitimación política.

Entre los líderes que se encuentran directamente en la mira de la Casa Blanca resalta, además de Maduro, el propio régimen venezolano, sobre el cual la administración Trump intensificó operaciones hasta provocar fracturas significativas en su control territorial. No obstante, el radar de Washington se extendió también hacia el régimen cubano, al que Trump calificó como una estructura “a punto de caer”, reactivando restricciones destinadas a asfixiar la economía de la isla. Asimismo, mandatarios de la región que facilitan la expansión comercial y de infraestructura de China —como ocurrió en torno al Canal de Panamá y la cancelación de concesiones portuarias a empresas asiáticas— han sentido el peso de la llamada “Doctrina Monroe”. Esta política busca expulsar la influencia de potencias extracontinentales y someter a los gobiernos del hemisferio a una alineación más estricta con los intereses de seguridad de Estados Unidos, bajo la amenaza de ser clasificados como colaboradores de amenazas transnacionales o de cárteles de la droga si no se adhieren a la coalición militar denominada “Escudo de las Américas”.

Objetivo: La arquitectura de estas investigaciones y sanciones no es aleatoria; descansa en el trabajo coordinado de agencias de élite que han transformado la lucha contra el narcotráfico en una ofensiva financiera de alta precisión. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lidera el rastreo de capitales y emite alertas que vinculan a bancos y figuras políticas con redes de lavado de dinero que alimentan crisis como la del fentanilo. Por su parte, la Administración para el Control de Drogas (DEA) dejó de ser únicamente una fuerza de intercepción física para convertirse en una agencia de inteligencia financiera que colabora estrechamente con las unidades de inteligencia financiera de diversos países. Estas instancias investigan actualmente a funcionarios y mandatarios vinculados con el movimiento de activos mediante empresas fachada en paraísos fiscales y la triangulación de recursos en países como México, Colombia y Panamá. El uso de facultades bajo leyes de emergencia permite a estas agencias congelar bienes de manera preventiva, obligando a los investigados a demostrar la licitud de fortunas que, en muchos casos, están ligadas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otras estructuras que han permeado las esferas más altas del poder político en la región, convirtiendo al sistema bancario en un campo de batalla legal donde la soberanía de los mandatarios se ve desafiada por la evidencia de sus vínculos financieros ilícitos.

Por: Federico La Mont