Se le cae el bisne en Parque Lira al alcalde de MH
Por: Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra
@vromog
En el corazón de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde los muros de la Casa de la Bola susurran historias coloniales desde el siglo XVII, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) frenó uno de los intentos más cínicos de apropiación del espacio público en la Ciudad de México.
El alcalde Mauricio Tabe pretendía convertir el histórico Parque Lira en escenario de un negocio privado. No era cultura: era caja registradora.
Desde el Congreso capitalino advertimos lo que venía. Con una lógica patrimonialista, el alcalde decidió apropiarse del parque como si fuera suyo: privatizarlo por meses para montar el espectáculo inmersivo “Alicia en el país de las Maravillas”.
Cuando los vecinos de Tacubaya, Observatorio, Ampliación Daniel Garza y San Miguel Chapultepec ya no pudieron acceder a su parque —los mismos que caminaban, jugaban, descansaban y vivían el parque todos los días— exigieron algo elemental: los permisos para semejante atropello que cancelaba el libre acceso al espacio público.
Pero los permisos nunca llegaron y los vecinos veían cómo a más del 60 por ciento del parque lo circundaron con vallas que impedían acceder a él.
Tabe repetía: “todo está en regla”, mientras actuaba más como promotor del espectáculo que como autoridad responsable de cuidar el patrimonio de los miguelhidalguenses.
Pasaron los días y jamás mostró autorizaciones de las secretarías de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana; de Medio Ambiente; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; ni de Movilidad.
Mucho menos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pese a que dentro del parque existen zonas catalogadas como patrimonio histórico.
Tampoco quiso transparentar el convenio firmado con la empresa del espectáculo. Solo dejó caer un dato revelador: el acceso al parque costaría 480 pesos por hora por persona, con varias funciones diarias.
Las cuentas eran jugosas. La empresa esperaba ingresos de entre 120 y 150 millones de pesos.
A cambio de explotar durante meses siete de las casi diez hectáreas de espacio público del parque, los organizadores “donarían” 4.1 millones de pesos para su rehabilitación. Una limosna disfrazada de generosidad.
Restaurar un parque patrimonial de ese tamaño cuesta mucho más. Entregarlo a un negocio privado a cambio de migajas no es gestión pública; es rematar el patrimonio colectivo para hacer negocio.
Peor aún: esos 4.1 millones ni siquiera alcanzarían para reparar los daños que un montaje masivo provocaría en el suelo, la flora y la fauna centenaria del lugar.
El punto más turbio era el destino del dinero. Nunca se planteó un fideicomiso transparente ni un mecanismo fiscalizado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad.
Sin control público ni autorizaciones, la sospecha ciudadana era inevitable.
Más aún cuando existen antecedentes incómodos. Los vecinos recuerdan bien el escándalo de la taquería familiar que abrió Mauricio Tabe en la colonia Escandón y que fue clausurada porque operaba sin permisos de uso de suelo.
El alcalde Tabe, quien debía cuidar la legalidad y poner el ejemplo de honestidad, fue el primero en violar la ley con fines de lucro.
Hoy la historia parecía repetirse. El dinero no iba a las arcas públicas. Con la opacidad reinante, parecía destinado al bolsillo de Tabe, además de la mordida por rentar durante meses un bien público de 10 hectáreas.
Parque Lira se salvó gracias a la denuncia vecinal y a la intervención oportuna de la PAOT, pero conviene no olvidar: mañana volverán a pedir el voto ciudadano quienes hoy intentaron hacer negocio con lo que pertenece a todos.
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