Carmona: ¡amigo, Tamaulipas y Sinaloa contigo!
Así lo dice La Mont
Leyenda:
El nombre de Sergio Carmona Angulo resuena hoy no solo como un expediente criminal silenciado por el plomo, sino como el símbolo de un sistema donde el combustible y la política se mezclaron de forma explosiva. Conocido popularmente como el “Rey del Huachicol”, Carmona no era el típico huachicolero que perfora ductos en la oscuridad del campo; su esquema era de cuello blanco: el llamado huachicol fiscal.
A través de empresas como Grupo Industrial Permart e Industrial Hoser, operaba una red que introducía miles de litros de hidrocarburos desde Estados Unidos por las aduanas de Tamaulipas. La trama consistía en declarar el combustible como aceite mineral para evadir impuestos, generando ganancias multimillonarias que lo catapultaron a la cima de los operadores financieros más influyentes del norte del país. Fue el Carlos Ahumada Guinda de su tiempo, y su ascenso terminó abruptamente en noviembre de 2021, cuando fue ejecutado en un local de estilistas en San Pedro Garza García, un crimen que, pese a ocurrir en una de las zonas más vigiladas de México, permanece en la impunidad.
Descenso:
La caída de Carmona dejó al descubierto una red de vínculos que llegaba hasta las entrañas de Morena. Fue señalado como uno de los grandes financiadores de campañas electorales en 2021, destinando presuntamente cientos de millones de pesos para apuntalar candidaturas en estados estratégicos del Pacífico y del Golfo. Los cargos imputados no son menores: se le vinculó con figuras de alto nivel, incluidos gobernadores en funciones y con la dirigencia nacional de un partido político.
Testimonios y filtraciones sugieren que Carmona no solo aportaba dinero en efectivo, sino que también facilitaba el uso de aeronaves privadas y vehículos de lujo para actividades de proselitismo. En Tamaulipas, su sombra se extendió hasta la estructura que llevó al poder a la actual administración estatal. Esta relación clientelar permitió que sus empresas obtuvieran contratos de infraestructura y servicios, consolidando un “gobierno paralelo” en el que el poder económico del contrabando dictaba prioridades políticas.
Su proyecto:
Tres años después de su asesinato, la influencia de los Carmona no se desvaneció; por el contrario, se extendió a través de su viuda, Perla McDonald Sánchez. Lejos de replegarse a la vida privada, McDonald es señalada por analistas y actores políticos como una operadora que mantiene viva la estructura heredada de su esposo. Se le atribuye un papel de “gobernadora de facto”, gestionando espacios dentro del gabinete estatal de Tamaulipas y cobrando deudas políticas pendientes de la era de Don Sergio.
Su presencia recurrente en oficinas gubernamentales y su presunta capacidad para colocar funcionarios en áreas clave de finanzas y administración sugieren que el capital político acumulado mediante el huachicol fiscal sigue rindiendo dividendos. Recientemente, su nombre volvió a los titulares tras sufrir un atentado en Ciudad Victoria, interpretado por muchos como un mensaje de quienes temen la información que posee o de quienes buscan arrebatarle el control de los negocios fronterizos que aún lidera.
Mientras en México la política se sacude por el combustible, en Estados Unidos el debate sobre la justicia toma un giro oscuro con el caso de Ghislaine Maxwell. La exsocia de Jeffrey Epstein, condenada por tráfico sexual de menores, solicitó formalmente un indulto al presidente Donald Trump. En este inicio de 2026, el tema cobró una relevancia inusitada, especialmente después de que Maxwell sugiriera que su testimonio ante el Congreso sobre la red de Epstein podría depender de la concesión de ese perdón. Trump, fiel a su estilo ambivalente, declaró que tiene el derecho legal de decidir sobre su destino, aunque sectores del Partido Republicano se oponen ferozmente, al considerar que otorgar clemencia a una figura vinculada con la explotación infantil sería un suicidio político y moral. La tensión radica en los secretos que Maxwell podría revelar sobre figuras poderosas de ambos partidos a cambio de su libertad.
Embarra:
Esta posibilidad de indulto obliga a cuestionar por qué los presidentes de Estados Unidos gozan de una facultad tan absoluta y discrecional. El fundamento se encuentra en el Artículo II, Sección 2 de la Constitución estadounidense, que otorga al mandatario el poder de conceder indultos y conmutaciones por delitos federales, excepto en casos de juicio político (impeachment).
Históricamente, esta atribución se concibió como una “válvula de seguridad” para corregir errores judiciales o promover la reconciliación nacional en momentos de crisis. Es una de las pocas prerrogativas presidenciales que no requiere la aprobación del Congreso ni del Poder Judicial, lo que la convierte en una herramienta de poder casi monárquico dentro de una democracia. El presidente no está obligado a justificar su decisión ni a seguir un proceso administrativo formal: su firma basta para borrar la culpabilidad legal de cualquier individuo.
La historia estadounidense está plagada de indultos que marcaron época. Quizá el más emblemático fue el que Gerald Ford concedió a Richard Nixon en 1974, perdonándole cualquier delito derivado del escándalo de Watergate para “cerrar las heridas de la nación”, una decisión que probablemente le costó la reelección. Más recientemente, Bill Clinton provocó indignación al indultar al multimillonario fugitivo Marc Rich en su último día de mandato. Donald Trump, durante su primer periodo, utilizó esta facultad para beneficiar a aliados políticos como Roger Stone y Michael Flynn, y al inicio de su segundo mandato cumplió su promesa de indultar a cientos de participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero, bajo el argumento de que fueron víctimas de persecución política. Incluso Joe Biden, antes de dejar el cargo, recurrió a esta prerrogativa para perdonar a su hijo, Hunter Biden.
Cada uno de estos casos refuerza la idea de que el indulto, más que un acto de justicia técnica, es la máxima expresión de la voluntad política sobre la ley.
Por: Federico La Mont
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