Nuestras Fuerzas Armadas
Así lo dice La Mont
Principios: La fisonomía del poder castrense en México registra una metamorfosis silenciosa bajo el mando del general secretario Ricardo Trevilla, cuya gestión parece alejarse del hermetismo que caracterizó a su antecesor, Luis Crescencio Sandoval. Mientras Sandoval consolidó un Ejército constructor y administrador de infraestructuras críticas, Trevilla heredó una estructura maltrecha que ahora intenta reconciliar con el escrutinio civil.
La visión de Trevilla en materia de derechos humanos se percibe, al menos en el discurso institucional, como una transición hacia la profesionalización ética. A diferencia del pragmatismo de la administración pasada —donde la expansión de tareas civiles a menudo relegó la vigilancia de los protocolos de uso de la fuerza a un segundo plano—, el actual mando busca integrar la perspectiva humanitaria no como un obstáculo operativo, sino como un eje de legitimidad indispensable frente a una sociedad civil cada vez más vigilante y fatigada por la militarización.
Distancia: La comparación entre ambos generales es inevitable y marca un contraste claro en las formas de ejercer la autoridad. Luis Cresencio Sandoval operó bajo una lógica de expansión total, donde la lealtad absoluta al Ejecutivo se tradujo en una opacidad que blindó a la institución frente a señalamientos por abusos en su actuación. Trevilla, en cambio, se encuentra en la compleja posición de moderar los excesos de esa expansión.
Su visión parece inclinarse hacia un retorno a la institucionalidad técnica, con el objetivo de mitigar la percepción de un Ejército que actúa por encima de la ley. Sin embargo, el reto es monumental: el actual secretario debe operar con las mismas leyes y estructuras heredadas, lo que abre la interrogante sobre si el cambio es únicamente de estilo personal o si existe una auténtica reingeniería en la cadena de mando que prevenga la repetición de tragedias.
Decenio: En ambos sexenios, la realidad de las cifras y las recomendaciones de organismos internacionales confirman que las Fuerzas Armadas no han sido inmunes a violaciones a los derechos humanos. El despliegue masivo en tareas de seguridad pública —de naturaleza eminentemente civil— generó incidentes de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias que persisten más allá del relevo en el liderazgo.
Bajo el mando de Sandoval, los episodios ocurridos en zonas de alta fricción con el crimen organizado dejaron heridas abiertas que la administración de Trevilla debe cargar. Aunque se han instrumentado nuevos cursos de capacitación y manuales de conducta, la inercia de una guerra interna de baja intensidad continúa propiciando decisiones en el terreno que vulneran garantías individuales, evidenciando que la voluntad del alto mando no siempre permea con la misma velocidad hasta la última línea de combate.
Capacitación: La coordinación con el Ejército de los Estados Unidos alcanzó niveles de especialización técnica sin precedentes, particularmente bajo el esquema de Ejercicios Combinados Conjuntos. Esta relación se materializa de manera tangible en la interacción con unidades de élite como el Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, conocidos como los Boinas Verdes.
La colaboración trasciende lo logístico e implica un intercambio profundo de doctrina militar en operaciones de contraterrorismo y combate al narcotráfico. Los ejercicios conjuntos permiten a los mandos mexicanos adoptar metodologías de inteligencia y asalto quirúrgico, con el objetivo de reducir el daño colateral en zonas urbanas. Esta simbiosis técnica busca elevar el estándar de las Fuerzas Especiales mexicanas, alineándolas con parámetros internacionales de eficiencia operativa que, paradójicamente, también exigen un respeto más estricto a los protocolos de combate y al derecho internacional humanitario.
Seguridad: En el complejo tablero de la geopolítica y la seguridad fronteriza, la apertura de información sobre la operación Rápido y Furioso por parte de la administración Trump, bajo la gestión del fiscal Jeff Sessions, marcó un punto de inflexión en la confianza bilateral. El reconocimiento oficial de que armas de alto calibre fueron deliberadamente permitidas para cruzar la frontera con el fin de rastrear a los cárteles —un experimento que desembocó en un desastre sangriento en territorio mexicano— sirvió como recordatorio persistente de los riesgos de una cooperación asimétrica.
La desclasificación de estos datos no solo expuso las fallas de las agencias estadounidenses, sino que también obligó a las Fuerzas Armadas mexicanas a replantear sus mecanismos de vigilancia y a exigir mayor reciprocidad en el control del tráfico de armas. Para el general Trevilla, gestionar las consecuencias de este pasado compartido implica ejercer una diplomacia militar cautelosa, donde el intercambio actual de inteligencia permanece inevitablemente marcado por las lecciones no aprendidas de operaciones anteriores.
Por: Federico La Mont
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