Un laberinto: Guanajuato
Así lo dice La Mont
¡Todo es Salamanca!
La reciente masacre ocurrida en un campo de fútbol de este municipio, el pasado 25 de enero de 2026, que dejó un saldo trágico de 11 personas fallecidas y más de una decena de heridos, abrió una herida que nunca terminó de sanar en el Bajío. La magnitud de la tragedia —donde las balas alcanzaron por igual a músicos y deportistas— reactivó la interrogante sobre si Guanajuato ha cruzado el umbral del llamado “Estado fallido”.
No obstante, la categoría académica de Estado fallido implica la ausencia total de instituciones y un vacío de poder que no se refleja plenamente en la entidad. Lo que se observa, más bien, es una profunda crisis de gobernabilidad y una marcada vulnerabilidad institucional, en la que Guanajuato ha perdido el monopolio legítimo de la fuerza en zonas específicas, permitiendo que grupos criminales impongan su propia ley a través del terror. La recurrencia de estos actos atroces sugiere que, si bien las instituciones existen y operan, su capacidad de protección ciudadana ha sido rebasada por una dinámica de violencia que se regenera más rápido de lo que las autoridades pueden contener.
¿Culpables?
La responsabilidad institucional en la entidad recae actualmente en Juan Mauro González Martínez, quien se desempeña como secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, designado bajo la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien asumió el reto de transformar una estrategia que durante años fue duramente criticada por su falta de resultados tangibles.
Con un perfil que busca transitar de la mera reacción policial hacia una inteligencia más operativa, el secretario se encuentra bajo un escrutinio público permanente. Su gestión está marcada por la necesidad de desmarcarse del pasado inmediato y ofrecer una narrativa de control en un territorio donde las masacres en espacios públicos son, lamentablemente, una noticia recurrente que desafía cualquier discurso de pacificación.
¿Guanajuato aislado?
La coordinación entre el secretario de Seguridad de Guanajuato y el Gobierno federal ha experimentado un giro significativo frente a los años de confrontación política previos. Actualmente, esta relación se articula a través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, en las que participan activamente la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El esquema se basa en una regionalización operativa y en el intercambio de inteligencia para atacar las “causas penales”, con el objetivo de que las detenciones se traduzcan en sentencias firmes. Existe una colaboración estrecha para el despliegue de fuerzas especiales en los municipios con mayor incidencia delictiva, como Salamanca, Celaya e Irapuato. Sin embargo, esta coordinación técnica suele chocar con la realidad operativa del territorio, donde la velocidad de respuesta de las fuerzas federales y la soberanía estatal generan, en ocasiones, vacíos que el crimen organizado aprovecha con precisión quirúrgica.
¿Soluciones?
A pesar de los esfuerzos de coordinación, las estrategias para desactivar a las organizaciones criminales en disputa —principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL)— continúan mostrando fallas estructurales. Una de las causas es la profunda atomización de los grupos criminales: cuando una cabeza es capturada o eliminada, surgen células menores, a menudo más violentas y menos predecibles, que mantienen la lucha por el control del mercado de hidrocarburos, la extorsión y el narcomenudeo.
Además, estas organizaciones han logrado penetrar el tejido social y económico mediante redes de corrupción en niveles municipales, lo que les proporciona un blindaje informativo y logístico. La estrategia también falla porque se concentra en el estado de fuerza y no en el desmantelamiento de las estructuras financieras y de protección política que permiten a estos cárteles seguir operando.
Mientras la disputa por “la plaza” siga siendo altamente rentable y el costo de ejercer la violencia se mantenga bajo debido a la impunidad persistente en el sistema judicial, cualquier despliegue de fuerzas estatales y federales será apenas un paliativo temporal frente a una guerra que se alimenta de la descomposición local. Continuarán los gobiernos albiazules, como ha sucedido de manera ininterrumpida desde 1995, cuando Vicente Fox derrotó a Ignacio Vázquez Torres, y aunque podría llegar una alternancia en 2030, la entidad, bajo el actual esquema de seguridad, seguirá sumida en unas desorientadas Mesas de Construcción de Paz y Seguridad.
Por: Federico La Mont
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