Nueva democracia participativa
Así lo dice La Mont
Planteamiento:
La estructura de nuestro sistema político se encuentra en una transformación profunda que modificará la representación popular. La reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum no constituye un simple ajuste administrativo, sino una reingeniería orientada a transitar hacia un modelo de democracia participativa más directa y menos costosa. El cambio radica en la modificación de los procesos de selección y en la arquitectura del poder legislativo, bajo la premisa de que un aparato gubernamental más austero es, por definición, más democrático. Esta visión busca fortalecer mecanismos como la revocación de mandato y las consultas populares, integrándolos como herramientas cotidianas del ejercicio del poder, al tiempo que elimina estructuras que la mandataria considera obsoletas y onerosas para el erario público.
Debate:
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la disminución del número de legisladores en el Congreso de la Unión, mediante la reducción de las listas plurinominales en la integración de ambas cámaras. En el recinto de San Lázaro, de los 500 integrantes actuales se proyecta restar 200 legisladores, dejando el cuerpo colegiado en 300 representantes electos por mayoría relativa. Por su parte, el Senado de la República enfrentaría un recorte proporcional, pasando de 128 a 64 escaños. Esta medida no solo persigue un ahorro presupuestario considerable, sino que pretende que cada legislador cuente con el respaldo directo del voto ciudadano, eliminando las cuotas partidistas que han definido la política mexicana durante las últimas cinco décadas.
Objetivo:
La instrumentación de este nuevo esquema prevé que la reforma sea discutida y aprobada con la celeridad necesaria para que sus disposiciones sean plenamente aplicables en los comicios intermedios de 2027, año que se perfila como el gran laboratorio de la nueva política. En ese proceso no solo se renovaría la Cámara de Diputados bajo las nuevas reglas de austeridad y representación directa, sino que coincidiría con el ejercicio de revocación de mandato, al que la propia presidenta Sheinbaum ha confirmado que se someterá. Para que este calendario sea viable, el marco legal deberá quedar firme antes del inicio del año electoral, lo que obliga al Congreso a llevar a cabo un proceso de armonización legislativa que deberá concluir antes del tercer trimestre de 2026.
Tiempos:
Para consolidar estas iniciativas y garantizar que el proyecto de nación de la Cuarta Transformación continúe sin obstáculos legales, el grupo oficialista requiere alcanzar la llamada mayoría calificada. Esto implica que Morena y sus aliados aseguren el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada sesión. En términos numéricos, y considerando asistencia plena, se requieren 334 votos en la Cámara de Diputados y 86 en el Senado de la República. Alcanzar este umbral es vital para la presidenta, ya que solo mediante la mayoría calificada es posible concretar reformas constitucionales que blinden sus políticas públicas y permitan la reestructuración del aparato electoral sin depender de las fuerzas de oposición, garantizando así la fluidez de su agenda legislativa durante la segunda mitad de su mandato.
Desenlace:
Esta reconfiguración del poder legislativo y electoral abre un escenario en el que la eficacia gubernamental y la representatividad de las minorías entrarán en una nueva dinámica de tensión. Mientras el gobierno sostiene que menos legisladores significan mayor cercanía con el pueblo y un uso más responsable de los recursos públicos, la oposición —PAN, PRI y MC— advierte sobre el riesgo de centralizar decisiones y reducir la pluralidad política.
Lo cierto es que la ruta hacia 2027 ya está trazada, y el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad de Morena para cohesionar sus fuerzas internas y mantener alineados a sus aliados, asegurando que cada voto en el Congreso se traduzca en un cambio permanente en la fisonomía de las instituciones mexicanas. El debate que se avecina en los próximos meses será definitorio para la estabilidad del sistema. No se trata únicamente de números o de fechas en un calendario, sino de la definición del tipo de democracia que México ejercerá en las próximas décadas.
La apuesta por la desaparición de los plurinominales y la concentración de la legitimidad en el voto directo de mayoría relativa obligará a los partidos a replantear sus estrategias territoriales y su relación con la ciudadanía. La meta de la presidenta es llegar a 2027 con un sistema renovado, en el que el costo de la política se reduzca de manera significativa y la voluntad popular se exprese con mayor nitidez, sin las mediaciones técnicas que, a juicio del actual gobierno, mantienen distanciados a los representantes de sus representados.
Por: Federico La Mont
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