CIDH: Gallardo, Radilla y Salinas
Así lo dice La Mont
Bajo la lupa de la CIDH: De la deuda histórica al nuevo frente abierto por el empresario Ricardo Salinas Pliego, el Estado mexicano enfrenta un nuevo capítulo de tensión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A este escenario le anteceden 16 sentencias condenatorias que transformaron el marco legal del país. La incipiente demanda de Salinas Pliego por presunta persecución política y violaciones a la seguridad jurídica pondrá a prueba la relación de México con los organismos internacionales y, en particular, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde resalta el legado del extinto juez y presidente de la Corte Interamericana, el doctor Sergio García Ramírez, impulsor del Control de Convencionalidad, aprobado por unanimidad de sus siete jueces.
Modalidad: No se puede entender la relación de México con la CIDH sin la figura del jurista Sergio García Ramírez, cuya doctrina del Control de Convencionalidad sigue siendo, hasta la fecha, la herramienta jurídica que establece que jueces y autoridades mexicanas no solo deben observar la Constitución, sino que están obligados a aplicar los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana por encima de cualquier ley local que vulnere derechos humanos. Este principio es el que hoy permite que ciudadanos y actores privados busquen protección internacional frente a decisiones del Estado.
Otros casos: De Rosendo Radilla al general Gallardo, México fue obligado a indemnizar a víctimas en casos emblemáticos que marcaron un antes y un después en la justicia nacional. En ese orden, el caso Rosendo Radilla (2009) obligó a restringir el fuero militar; posteriormente, los casos de las mujeres indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo (2010) reafirmaron la obligación del Estado de garantizar acceso a la justicia. En todos ellos, las indemnizaciones fueron el menor de los costos frente a las reformas estructurales exigidas por el tribunal internacional. Un referente de la complejidad del sistema fue el caso del general Francisco Gallardo, fallecido por COVID-19, cuyo litigio inició en 1994 tras proponer la creación de un ombudsman militar y tardó ocho años en resolverse. Gallardo fue liberado hasta 2002, evidenciando la lentitud de la justicia internacional, que, aunque contundente, suele implicar procesos que promedian entre ocho y doce años para las víctimas.
¿Persecución política?: En este contexto, la demanda presentada por el empresario Ricardo Salinas Pliego añade un componente inédito, pues, a diferencia de los casos de desaparición forzada o tortura, el empresario alega que el uso del aparato judicial y fiscal en su contra constituye una violación a la propiedad privada y a las garantías del debido proceso. Sustentado en el Control de Convencionalidad legado por García Ramírez, Salinas Pliego busca que la CIDH evalúe si las instituciones mexicanas han perdido su imparcialidad.
Fallo: La administración de justicia recaerá en el abogado chileno Pablo Saavedra Alessandri, quien coordinará los trabajos con los jueces que definirán el rumbo doctrinal del caso. La operatividad del tribunal también recae en Saavedra Alessandri, quien ocupa el cargo desde hace dos décadas. Tanto él como el pleno de la Corte han sido críticos con México en temas como la militarización de la seguridad pública, el uso de la prisión preventiva oficiosa —tras la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile— y la autonomía judicial, al advertir que cualquier injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial representa una alerta para la democracia en el continente. Con la posible admisión del caso Salinas Pliego y el seguimiento de sentencias históricas, México se mantiene como uno de los países con mayor carga de trabajo para la Secretaría de la Corte, en un año en el que la independencia judicial se encuentra en el centro del debate público.
Por: Federico La Mont
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