El «huachicol fiscal» o contrabando técnico existe en México desde hace años
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• El «huachicol fiscal» es la aplicación del contrabando técnico al sector energético, utilizando mecanismos sofisticados para simular la legalidad de combustibles importados.
La narrativa de sectores opositores a los gobiernos de la Cuarta Transformación, que afirman que la corrupción asociada al llamado “huachicol fiscal” surgió durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es engañosa y falta a la verdad. El contrabando técnico, modalidad utilizada para introducir mercancías ilegalmente al país mediante documentación falsa o manipulada, existe desde hace varios sexenios.
El contrabando técnico es una forma de contrabando que se realiza mediante la simulación o falsificación de documentos para evadir impuestos, cuotas compensatorias o regulaciones. A diferencia del contrabando “abierto”, donde las mercancías se introducen sin declarar, en el contrabando técnico sí se generan registros, pero estos no reflejan la realidad de la operación. Se utilizan prácticas como la triangulación, el reetiquetado, la clasificación arancelaria incorrecta o la simulación de importaciones temporales.
Características principales del contrabando técnico
• Uso de documentos falsos: Se falsifican o emplean documentos apócrifos para declarar mercancías de forma incorrecta.
• Declaración falsa: Se reporta un valor inferior al real, se altera la fracción arancelaria o se simula un origen distinto para obtener beneficios arancelarios.
• Simulación de operaciones: Se recrean movimientos como exportaciones temporales para reingresar mercancía y venderla sin pagar los impuestos correspondientes.
• Triangulación de mercancías: Se utilizan documentos falsos sobre el país de origen para obtener ventajas fiscales y arancelarias.
• Objetivo: Evadir impuestos, aranceles, cuotas compensatorias y otras regulaciones del comercio exterior.
El contrabando y robo de combustibles —conocido como huachicol fiscal, una modalidad de contrabando técnico— no inició durante el gobierno de López Obrador, como afirman algunos actores políticos y mediáticos críticos de la Cuarta Transformación. Este fenómeno tiene raíces de varias décadas, aunque su escala ha aumentado con el tiempo. El robo de combustible comenzó a registrar niveles significativos desde la década de los noventa, con las primeras perforaciones clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Con el paso de los años, el contrabando técnico de combustibles evolucionó hacia esquemas más complejos. A través de redes de triangulación y manipulación aduanera, se permitió el ingreso ilegal de millones de litros de gasolina y diésel bajo etiquetas falsas —como lubricantes o aditivos— para evadir impuestos.
La internación ilegal de combustibles se detectó de manera más clara desde la apertura del mercado de importación en 2016, tras la reforma energética. La caída temporal de los precios internacionales durante la pandemia volvió esta actividad aún más rentable, generando fluctuaciones en su incidencia en los años recientes.
Los grupos dedicados al contrabando técnico introducen grandes volúmenes de gasolina y diésel registrándolos como productos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). De acuerdo con informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante 2023 ingresaron al país de forma ilícita 66.7 millones de barriles de combustibles, equivalentes al 14 % de la demanda total de gasolina y diésel, mercado cubierto en gran parte por Pemex y empresas importadoras.
Las pérdidas generadas por el contrabando técnico en México son considerables: más de 100 mil millones de pesos anuales en recaudación fiscal, según datos de 2024. Además de la evasión de impuestos, provoca la pérdida de aproximadamente 250 mil empleos en sectores como el textil y el calzado, el cierre de empresas formales y una competencia desleal que afecta gravemente a la economía nacional.
Un ejemplo claro de contrabando técnico previo a los gobiernos de la Cuarta Transformación ocurrió en 2003, cuando autoridades aduaneras investigaron a Zara y Bershka (Inditex) por presuntamente importar ropa evadiendo aranceles. La empresa declaraba prendas como fabricadas en España —lo que otorgaba preferencias arancelarias bajo el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea—, pero en realidad eran maquiladas en países asiáticos, incumpliendo las reglas de origen. El gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, a través del secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, nunca informó públicamente el resultado de esta investigación ni si se aplicaron sanciones, pese al presunto daño millonario al fisco.
El huachicol fiscal, en suma, es la aplicación del contrabando técnico al sector energético mediante mecanismos sofisticados para simular la legalidad de combustibles importados, una práctica que tiene antecedentes muy anteriores a la actual administración.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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