Leyes neoliberales en materia hídrica favorecieron el acaparamiento del agua
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• La Ley de Aguas Nacionales de 1992 permitió un sistema de concesiones que, con el tiempo, derivó en una alta concentración del vital líquido.
La escasez de agua afecta a gran parte de la población mexicana debido a la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuencas, las sequías prolongadas y la inequidad en el acceso al recurso.
Uno de los problemas más graves en el abastecimiento de agua potable es la intensa extracción y acaparamiento del recurso por parte de grandes empresas refresqueras, cerveceras, mineras, acereras y desarrolladoras inmobiliarias, principalmente mediante concesiones y pozos. Esto ha generado preocupación por la sobreexplotación de acuíferos, así como conflictos sociales en zonas con escasez.
Actualmente, un número reducido de concesionarios concentra un volumen desproporcionadamente alto del agua asignada en México, tanto en el sector agrícola como en el industrial.
Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como investigaciones periodísticas y académicas, revelan lo siguiente:
• Concentración extrema: Aproximadamente 3,304 grandes concesionarios —solo el 1.1% de los usuarios privados— extraen un millón de metros cúbicos o más al año y concentran más de una quinta parte del agua concesionada en el país.
• Uso agrícola: El sector agrícola consume alrededor del 75.7% del agua en México. Sin embargo, solo 373 títulos de concesión (0.1% del total para este fin) concentran el 38.3% del volumen destinado a este uso.
• Empresas y políticos: Entre los principales acaparadores figuran corporaciones transnacionales (cerveceras, refresqueras, papeleras, agroindustrias), así como grupos políticos y líderes religiosos con grandes concesiones para uso agrícola o industrial.
• Irregularidades: La Conagua ha detectado miles de inconsistencias, como falsificación de títulos, transferencias ilegales y uso indebido del agua.
• No pagan el agua: Los grandes acaparadores no pagan por cerca del 80% del agua utilizada para fines industriales y de servicios.
Esta distribución inequitativa contribuye de manera significativa a la crisis hídrica y a la falta de acceso al agua para consumo humano, pese a que este es un derecho fundamental. Entre 10 y 15 millones de personas en México carecen de acceso a agua potable, aunque organizaciones civiles estiman que podrían ser hasta 21 millones. Esto contrasta con un pequeño grupo que acapara volúmenes de agua superiores a los que consumen comunidades completas.
La Ley de Aguas Nacionales de 1992, expedida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, permitió un sistema de concesiones que ha derivado en esta alta concentración. Durante el periodo neoliberal, la Conagua otorgó cientos de miles de títulos, algunos de los cuales presentan irregularidades, incluidas falsificaciones y extracción ilegal (“huachicoleo” del agua).
Existen múltiples casos de políticos y empresarios que han acumulado grandes volúmenes de agua. Uno de ellos es el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien construyó una presa particular en su rancho “Pozón Nuevo”. Conocida por los pobladores como “El Titanic”, fue edificada entre 2011 y 2012 presuntamente con recursos públicos y violando leyes en materia hídrica. La construcción de esta presa y de pozos adicionales afectó el suministro de comunidades cercanas.
Una investigación publicada por el diario Milenio el 21 de octubre, firmada por Rivelino Rueda, revela que seis prominentes figuras de Acción Nacional fueron beneficiadas con una veintena de concesiones de Conagua en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes. Entre ellos se encuentran Miguel Márquez Márquez, Luis Armando Reynoso Femat, Ignacio Loyola Vera, Francisco Javier Ramírez Acuña, así como Marko Cortés Mendoza y el expresidente Vicente Fox. Según la investigación, estos personajes controlan 3.3 millones de metros cúbicos de agua extraída en la región del Bajío.
En Chihuahua, empresarios agrícolas —entre ellos la familia LeBarón— explotan 395 pozos ilegales en la cuenca del río del Carmen, integrada por los acuíferos de Flores Magón-Ahumada y Santa Clara, en municipios como Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada. Esta operación viola un decreto presidencial de 1957 que impuso una veda en esa región semidesértica. Según la información difundida, los LeBarón perforaron pozos con base en títulos apócrifos emitidos por Alejandro LeBarón durante su gestión como delegado de Conagua. En total detentan 47 millones 502 mil 957 metros cúbicos de agua subterránea, mientras miles de familias padecen escasez en la zona.
Otros casos de acaparamiento involucran a la familia Monreal, un grupo político de Zacatecas que posee diversas concesiones para uso agrícola en un acuífero sobreexplotado. De acuerdo con Conagua, Felipe Monreal Huerta (fallecido en 2002), así como David, Saúl, Cándido y Elías Monreal Ávila —familiares del senador Ricardo Monreal— obtuvieron permisos para uso agrícola y otros fines.
La estructura legal creada en 1992 ha favorecido a grandes corporativos industriales y agrícolas, así como a grupos financieros y actores políticos, facilitando el acaparamiento del agua en detrimento de millones de personas.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
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