Entre boicots, impuestos y cooperativas
Así lo dice La Mont
SOS: La amenaza de Donald Trump de boicotear la cumbre del G20 en Sudáfrica, programada para este mes, representa un golpe a la diplomacia y la cooperación internacional. Las acusaciones de maltrato a agricultores blancos en Sudáfrica, que fueron ampliamente difundidas por grupos de extrema derecha y medios de comunicación conservadores son empleadas como justificación.
Sin embargo, la realidad es más compleja. Sudáfrica, como otros países africanos, enfrenta desafíos en la redistribución de la tierra y la corrección de las desigualdades históricas derivadas del apartheid.
El gobierno sudafricano impuso políticas de reforma agraria con el objetivo de garantizar una distribución más equitativa de la tierra entre la población de color y mayoritaria, que históricamente fue marginada y desposeída.
Estas políticas generan tensiones y conflictos, y algunos agricultores blancos denunciaron expropiaciones y violencia. Sin embargo, es importante señalar que el gobierno sudafricano negó sistemáticamente estas acusaciones y afirmó que su reforma agraria se están instruementando de acuerdo con la ley y respetando a los derechos de propiedad.
La amenaza de boicot de Trump al G20, basada en información descontextualizada, no solo socava la credibilidad de Estados Unidos como líder mundial, sino que también dificulta la búsqueda de soluciones pacíficas y constructivas a los problemas que enfrenta la tierra del Premio Nobel de la Paz y extinto Nelson Mandela.
El G20 es un foro clave para la cooperación económica y política entre los países más importantes del mundo, y la ausencia de Estados Unidos en la cumbre de Sudáfrica tendrá consecuencias negativas para la estabilidad y el desarrollo global.
Entre otras cosas: El debate sobre la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas endulzantes generó preocupación, especialmente en su impacto en cooperativas como Pascual.
El IEPS, implementado con el objetivo de desincentivar el consumo de productos con alto contenido de azúcar y combatir la obesidad como la diabetes es objeto de críticas por su aplicación indiscriminada a todo tipo de productores, incluyendo a las cooperativas como Pascual, distinguida por su modelo de negocio basado en la asociación de productores, la distribución equitativa de los beneficios y el compromiso con el desarrollo local. A diferencia de las grandes corporaciones, que buscan maximizar las ganancias a toda costa, las cooperativas operan con márgenes más ajustados y reinvierten sus excedentes en la mejora de las condiciones de vida de sus miembros y en el fortalecimiento de sus comunidades. Aplicar el IEPS a las cooperativas, sin considerar sus particularidades, podría tener efectos contraproducentes.
En primer lugar, reducir su capacidad para competir con las grandes empresas, que tienen mayores recursos para absorber el impacto del impuesto. En segundo lugar, afectará su rentabilidad como capacidad para apoyar a los productores locales, que dependen de las cooperativas para comercializar sus productos y obtener ingresos justos. En tercer lugar, podría desincentivar la producción de alternativas más saludables, ya que las cooperativas a menudo se esfuerzan por ofrecer productos con menor contenido de azúcar y elaborados con ingredientes naturales.
Por lo tanto, es fundamental que la 4T y aliados reconsideren para el presupuesto 2027 la aplicación del IEPS a las bebidas endulzantes y considere la posibilidad de establecer un régimen diferenciado para las cooperativas qué incluya exenciones fiscales, subsidios o programas de apoyo que les permitan seguir operando de manera sostenible y cumplir con su función social.
Por Federico La Mont
Síguenos en Redes
Más Recientes
Te Puede Interesar
Domo de Cristal
No hay comentarios